Juez de Londres investigará 80 muertes de civiles afganos a manos de comandos británicos

Un tribunal de Londres ha abierto una investigación pública de al menos 30 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles en Afganistán a manos de las fuerzas especiales británicas. Más de 80 muertes son atribuibles a esta clase de actos de violencia, perpetrados entre mediados de 2010 y mediados de 2013, comunicó este lunes el bufete de abogados Leigh Day.

El juez Charles Haddon-Cave, quien preside la investigación, estudiará tanto los supuestos asesinatos como la respuesta dada por el Ministerio de Defensa y otras autoridades militares a las reclamaciones de las familias de las víctimas durante años. Los familiares denuncian que no recibían respuestas a sus preguntas y esperan ahora que el proceso "ponga fin al 'muro de silencio' y la obstrucción que enfrentaron durante la última década", señaló la abogada Tessa Gregory.

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Las familias pretenden que el proceso "garantice que los responsables rindan cuentas", dijo la letrada, quien considera que esta rendición de cuentas "debe involucrar a aquellas personas de alto nivel en las Fuerzas Armadas y en el Gobierno que son responsables de la gestión y la supervisión de nuestras fuerzas de élite".

El comunicado recoge el testimonio de dos ciudadanos afganos que sufrieron redadas y ataques indiscriminados a sus viviendas. Uno de ellos, de nombre Mansur Aziz, recordó que su casa "fue asaltada por extranjeros" en 2012, en una operación en la que murieron su hermano, su cuñada y dos hijos de ambos "resultaron gravemente heridos mientras dormían en su cama". "Queremos saber la verdad y por qué fue nuestra casa la que fue allanada", reclamó.

Otra afectado, llamado Saifullá, perdió en febrero de 2011 a su padre, sus dos hermanos y un primo. "Mi familia y yo solicitamos al equipo de investigación que nos proporcione la verdad y explique por qué y sobre qué bases tuvimos que pasar por esta crueldad", demandó.

Las audiencias incluirán comparecencias de familiares y de distintas personas involucradas, incluidos funcionarios ministeriales y efectivos de la Real Policía Militar británica. Las pruebas apuntarían a que numerosos miembros del mando y asesores legales de las fuerzas especiales estaban al tanto de las preocupaciones sobre estas muertes, pero no informaron a dicha fuerza policial, mientras que un oficial británico se refirió a uno de esos incidentes como la "última masacre".

Los abogados sostienen que existía un "patrón generalizado de ejecuciones extrajudiciales" por parte de las fuerzas especiales británicas (UKSF, por sus siglas en inglés), y citan el caso de un soldado que dijo a un oficial que durante las operaciones se debía matar a "todos los hombres en edad para luchar", independientemente de si representaban una amenaza real o estuvieran desarmados.

Además, el bufete encontró en documentos cedidos por el Ministerio de Defensa indicios de intentos de encubrir el problema, así como de "presiones políticas" al mando militar para que no investigara a los oficiales de mayor rango y de cierres de casos de revisión judicial "proporcionando información altamente engañosa y falsa".