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WSJ: La paciencia de un grupo de acreedores de Kiev se está agotando
Varios prestamistas han contratado a abogados y banqueros para negociar con Ucrania la reanudación del servicio de deuda.
La paciencia de los acreedores privados de Ucrania está empezando a agotarse, informa el periódico The Wall Street Journal.
Grupos financieros como Blackrock y Pimco apostaron en 2022 a que el conflicto con Rusia se resolvería en el año en curso y no están dispuestos a esperar más años para que Kiev comience a devolverles la deuda. Si lo consiguen, Ucrania desembolsaría 500 millones de dólares al año solo por el concepto de intereses a estos prestamistas, señala el medio.
Fuentes anónimas del diario indicaron que el bufete de abogados Weil, Gotshal & Manges y banqueros de PJT Partners han sido contratados para reunirse con funcionarios ucranianos y llegar a un acuerdo, mediante el cual se reanudaría el servicio de intereses por parte de Ucrania el próximo año a cambio de la cancelación de una porción de la deuda.
El grupo de acreedores involucrado en las negociaciones posee alrededor de una quinta parte de los 20.000 millones de dólares en eurobonos emitidos por Kiev, según datos del periódico. Esta suma es una pequeña fracción de la deuda externa total del país eslavo valorado en 161.500 millones de dólares, acumulada al final del último trimestre de 2023 y declarada recientemente por el Banco Nacional de Ucrania.
Asimismo, The Wall Street Journal afirma que algunos tenedores de bonos han sugerido utilizar los activos rusos congelados desde 2022 en EE.UU. y la Unión Europea para abonar la deuda de Kiev. La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó en abril un proyecto de ley que permitiría confiscar los activos congelados en favor de Ucrania, mientras que la UE no tiene el fundamento legal para llevar a cabo esta forma de robo.
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, indicó a mediados de abril que las propuestas para aprovechar las reservas rusas congeladas en beneficio de Ucrania implican el riesgo de "romper el orden jurídico internacional que se quiere proteger". Tanto el BCE como el Fondo Monetario Internacional (FMI) se oponen a la apropiación de las reservas rusas por parte de Occidente.
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