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El oro: riqueza y maldición de Perú
Las autoridades de Perú han decidido instalar equipos especiales en los principales aeropuertos del país para impedir el contrabando de oro, una práctica muy extendida en el país debido a la subida del precio de este metal.
El crecimiento económico de Perú se basa en la explotación de sus recursos minerales, pero esta riqueza en sustancias inorgánicas está dando origen a un grave problema: la minería ilegal.
Este fenómeno ha adquirido dimensiones desproporcionadas. El alza del precio del oro ha hecho que en un lustro se quintuplicara el número de mineros ilegales.
"Por el volumen de gente, por la contaminación ambiental y la contaminación 'social' que hay en la zona donde se realizan estas actividades, el Estado peruano tiene que actuar, puesto que el tema, que empezó como algo folclórico y puntual, ahora es un cáncer nacional", comentó Miguel Santillana, investigador del Instituto del Perú.
Se calcula que la minería ilegal mueve anualmente unos 2.900 millones de dólares y que en ella trabajan de manera directa más de medio millón de personas.
Desde el Gobierno de Ollanta Humala se han tomado medidas específicas.
"El problema es que no se había hecho nunca nada para erradicar este flagelo. Con este Gobierno se han dado una serie de normas que permiten tres cosas: erradicar la minería ilegal, formalizar a los formalizables y desarrollar proyectos de remediación", afirmó el general Daniel Urresti, alto comisionado para la Minería Ilegal.
Un miembro del Congreso de Perú, César Ipenza, considera que el Gobierno de Ollanta Humala no ha destinado los recursos suficientes para avanzar en el proceso de formalización de los mineros.
"En el año que ha pasado los gobiernos regionales, que son los responsables por el proceso de la formalización, no han asignado recursos, no hay suficiente personal capacitado. Muy pocos mineros han logrado avanzar en el proceso de formalización", comentó.
La política del general Urresti ha cobrado tintes bélicos. Las acometidas militares terminan con las infraestructuras ilegales, sin embargo muchos creen que estas medidas no atajan la raíz del problema.
"El Gobierno hace este despliegue de película contra el pequeño minero, y no lo hace contra el usufructuario del alquiler de la concesión minera. Porque muchas veces son concesionarios que tienen mucho dinero y en algunos casos están vinculados al poder político del país", explicó Marco Arana, activista del movimiento Tierra y Libertad.
Mientras, los efectos de la minería ilegal siguen devastando el país, las dimensiones del problema son tales que ya se notan incluso en la capital.
La presencia de camiones y vehículos pesados es mayoritaria en las carreteras del Perú; pero los camiones que transportan mercancías ilegales normalmente usan combustible de poca calidad, y en algunos barrios el aumento de las partículas contaminantes es preocupante. En concreto, el dióxido de azufre supera en más un 400% la recomendación de la OMS, y el ambiente es prácticamente irrespirable.
Pero si en Lima asfixia, en otros puntos del país la minería ilegal ahoga. Los efectos son desastrosos: el uso normalizado de mercurio y cianuro genera una devastación ambiental que tardará décadas en regenerarse.
Además, al abrigo de las extracciones aparecen entornos ilegales donde las mafias ejercen el control. El alcoholismo o las redes de trata de blancas son otra de las consecuencias de estas prácticas.
"Ves también temas de tratas de personas, mujeres que son traídas con promesas de trabajo y al final acaban en un prostíbulo. Y algo que ya hemos descubierto en estas zonas de minería ilegal es que ya hay casos de sida, porque no hay ningún tipo de cultura de prevención de las enfermedades de transmisión sexual entre la población", relató a su vez Santillana.
Muchos peruanos opinan que la corrupción facilita el asentamiento de la minería ilegal. El Gobierno de Humala deberá demostrar que está alejado de estas prácticas y tratar de ofrecer una alternativa a las 500.000 familias que no encuentran otro modo de vida más allá de la minería ilegal.
Este fenómeno ha adquirido dimensiones desproporcionadas. El alza del precio del oro ha hecho que en un lustro se quintuplicara el número de mineros ilegales.
"Por el volumen de gente, por la contaminación ambiental y la contaminación 'social' que hay en la zona donde se realizan estas actividades, el Estado peruano tiene que actuar, puesto que el tema, que empezó como algo folclórico y puntual, ahora es un cáncer nacional", comentó Miguel Santillana, investigador del Instituto del Perú.
Medidas gubernamentales
Se calcula que la minería ilegal mueve anualmente unos 2.900 millones de dólares y que en ella trabajan de manera directa más de medio millón de personas.
En el año que ha pasado los gobiernos regionales, que son los responsables por el proceso de la formalización, no han asignado recursos, no hay suficiente personal capacitado. Muy pocos mineros han logrado avanzar en el proceso de formalización
Desde el Gobierno de Ollanta Humala se han tomado medidas específicas.
"El problema es que no se había hecho nunca nada para erradicar este flagelo. Con este Gobierno se han dado una serie de normas que permiten tres cosas: erradicar la minería ilegal, formalizar a los formalizables y desarrollar proyectos de remediación", afirmó el general Daniel Urresti, alto comisionado para la Minería Ilegal.
Un miembro del Congreso de Perú, César Ipenza, considera que el Gobierno de Ollanta Humala no ha destinado los recursos suficientes para avanzar en el proceso de formalización de los mineros.
"En el año que ha pasado los gobiernos regionales, que son los responsables por el proceso de la formalización, no han asignado recursos, no hay suficiente personal capacitado. Muy pocos mineros han logrado avanzar en el proceso de formalización", comentó.
La política del general Urresti ha cobrado tintes bélicos. Las acometidas militares terminan con las infraestructuras ilegales, sin embargo muchos creen que estas medidas no atajan la raíz del problema.
"El Gobierno hace este despliegue de película contra el pequeño minero, y no lo hace contra el usufructuario del alquiler de la concesión minera. Porque muchas veces son concesionarios que tienen mucho dinero y en algunos casos están vinculados al poder político del país", explicó Marco Arana, activista del movimiento Tierra y Libertad.
Efecto medioambiental
Mientras, los efectos de la minería ilegal siguen devastando el país, las dimensiones del problema son tales que ya se notan incluso en la capital.
La presencia de camiones y vehículos pesados es mayoritaria en las carreteras del Perú; pero los camiones que transportan mercancías ilegales normalmente usan combustible de poca calidad, y en algunos barrios el aumento de las partículas contaminantes es preocupante. En concreto, el dióxido de azufre supera en más un 400% la recomendación de la OMS, y el ambiente es prácticamente irrespirable.
Pero si en Lima asfixia, en otros puntos del país la minería ilegal ahoga. Los efectos son desastrosos: el uso normalizado de mercurio y cianuro genera una devastación ambiental que tardará décadas en regenerarse.
Contaminación social
Además, al abrigo de las extracciones aparecen entornos ilegales donde las mafias ejercen el control. El alcoholismo o las redes de trata de blancas son otra de las consecuencias de estas prácticas.
"Ves también temas de tratas de personas, mujeres que son traídas con promesas de trabajo y al final acaban en un prostíbulo. Y algo que ya hemos descubierto en estas zonas de minería ilegal es que ya hay casos de sida, porque no hay ningún tipo de cultura de prevención de las enfermedades de transmisión sexual entre la población", relató a su vez Santillana.
Muchos peruanos opinan que la corrupción facilita el asentamiento de la minería ilegal. El Gobierno de Humala deberá demostrar que está alejado de estas prácticas y tratar de ofrecer una alternativa a las 500.000 familias que no encuentran otro modo de vida más allá de la minería ilegal.
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