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España: El Tribunal Constitucional decide mantener en prisión a un exdirigente de Batasuna
El Tribunal Constitucional de España ha decidido mantener en prisión a Arnaldo Otegi, exdirigente de Batasuna, el brazo político de ETA.
Arnaldo Otegi había solicitado al Tribunal que estudiara la suspensión de la condena de seis años y medio de prisión por intentar reconstruir Batasuna a través de Bateragune, al haber cumplido ya las tres cuartas partes de la pena.
Al desestimar la petición, el Tribunal Constitucional resuelve sobre el recurso de amparo que el exdirigente presentó, junto a otros inculpados, por el mismo caso.
El alto tribunal ya decidió en junio de 2013 mantener la prisión para los recurrentes señalando que en los recursos contra penas cuya duración excede los 5 años no se aplica la suspensión. Sin embargo, tras la solicitud de Otegi, tuvo que volver a estudiar la cuestión.
En septiembre de 2011 la Audiencia Nacional española condenó a Arnaldo Otegi a 10 años de prisión por integración en la banda armada ETA. En aquel entonces Otegi rechazó todas las acusaciones, alegando que sus aliados trataban de persuadir a los jefes de ETA para que renunciaran a la violencia y lucharan con métodos políticos. Meses después, en mayo de 2012, una muy dividida Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rebajó la pena a 6,5 años al considerarlo como "integrante" y no "dirigente".
Al desestimar la petición, el Tribunal Constitucional resuelve sobre el recurso de amparo que el exdirigente presentó, junto a otros inculpados, por el mismo caso.
El alto tribunal ya decidió en junio de 2013 mantener la prisión para los recurrentes señalando que en los recursos contra penas cuya duración excede los 5 años no se aplica la suspensión. Sin embargo, tras la solicitud de Otegi, tuvo que volver a estudiar la cuestión.
En septiembre de 2011 la Audiencia Nacional española condenó a Arnaldo Otegi a 10 años de prisión por integración en la banda armada ETA. En aquel entonces Otegi rechazó todas las acusaciones, alegando que sus aliados trataban de persuadir a los jefes de ETA para que renunciaran a la violencia y lucharan con métodos políticos. Meses después, en mayo de 2012, una muy dividida Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rebajó la pena a 6,5 años al considerarlo como "integrante" y no "dirigente".
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