Un 'sábado de ira' contra el ACTA en Europa
Cerca de 200.000 personas se congregaron este sábado para protestar contra la adopción de las normas antipiratería del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) en las plazas mayores de varias capitales de Europa como Berlín, Budapest, París, Talin, Varsovia y Vilna. El coordinador internacional de la acción, Sebastian Radtke, ha podido ofrecer tal cifra a los medios de comunicación tras reunir los datos de decenas de ciudades participantes.
Alemania ha mostrado esta jornada la indignación más masiva, al celebrar mítines multitudinarios no sólo en la capital federal, sino también en otras ciudades grandes del país. En Múnich, la capital de Baviera, unas 16.000 personas se dieron cita en la manifestación. Ante la decepción que el ACTA provoca en el público, las autoridades ya avisaron de sus planes de no ratificarlo antes de introducir enmiendas importantes en el texto.
Los manifestantes en Budapest, capital de Hungría, calificaron el acuerdo comercial internacional de “locura”, que una vez ratificada, “pondría fin a la libertad en Internet”. En Estonia los manifestantes expresaron su apoyo al presidente de la República, Toomas Hendrik Ilves, quién es de los pocos mandatarios que se negó a firmar el acuerdo. Además admitió que nadie explicó al público el impacto que ejercería la norma sobre la vida de cada uno.
A finales de enero los ministros de 22 países europeos firmaron el acuerdo comercial. Por parte de Estonia y Lituania ningún funcionario lo ha hecho todavía. En Polonia, Eslovaquia y la República Checa, cuyos ministros suscribieron el documento, los Parlamentos lo rechazaron (o formalmente postergaron en consideración) al ser presionados por las multitudinarias manifestaciones en su contra.
El ACTA promueve el establecimiento en las legislaciones nacionales de unas nuevas sanciones penales contra los proveedores y usuarios de Internet que no logren observar la legalidad de todos los contenidos que suban, guarden o descarguen. Tanto los internautas activos, como los políticos de distintos países temen que esta cláusula angular criminalice a la mayor parte de la sociedad.