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EE.UU. leerá correos electrónicos privados para combatir el cibercrimen
El Gobierno de EE.UU. pretende ampliar su programa de seguridad nacional ante posibles ciberataques. La medida incluirá leer correos electrónicos de trabajadores de empresas privadas.
Se trata de una iniciativa para garantizar la protección de las “infraestructuras críticas” del país frente a los ataques cibernéticos después de que compañías privadas e infraestructuras públicas del país cuya protección supone una “prioridad nacional”, fueran asaltadas recientemente.
El mes pasado el presidente estadounidense, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva para garantizar la seguridad nacional ante posibles ataques cibernéticos. La directiva establece la coordinación de varios sectores de la Administración, entre sus asesores de defensa, seguridad nacional y lucha antiterrorista.
La agencia Reuters difundió recientemente datos sobre la ampliación de dicha orden desconocidos hasta la fecha. Por ejemplo, informó que Washington planea que un número considerable de compañías del sector privado, supuestamente vinculadas a las infraestructuras críticas del país, participen en el programa y que se monitoreen además los correos electrónicos de sus empleados.
La medida, que no tiene el mismo peso que una ley, señala que el Departamento de Seguridad Nacional desempeña un papel clave en la protección de las infraestructuras críticas nacionales. La Agencia de Seguridad Nacional se encarga de recoger datos sobre intentos de ataques cibernéticos a empresas estadounidenses. La información es entregada a continuación al Departamento de Seguridad Nacional y este organismo envía a su vez esos datos a proveedores de ciberseguridad y sectores de telecomunicaciones. Los empleados de esas compañías que cuenten con autorización de seguridad serán los responsables de analizar el correo electrónico y controlar el tráfico en la Red de trabajadores del sector privado, incluyendo bancos o empresas de transporte.
La iniciativa de Obama ya despertó críticas en el sector privado al considerar que no había suficientes garantías en la entrega de datos de sus actividades al Gobierno. Además, defensores de los derechos de los internautas consideran la orden una respuesta directa a la negativa del Congreso a aprobar la polémica ley de Intercambio y Protección de Información de Inteligencia Cibernética (CISPA), cuya propuesta despertó numerosas protestas ciudadanas.
El mes pasado el presidente estadounidense, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva para garantizar la seguridad nacional ante posibles ataques cibernéticos. La directiva establece la coordinación de varios sectores de la Administración, entre sus asesores de defensa, seguridad nacional y lucha antiterrorista.
La agencia Reuters difundió recientemente datos sobre la ampliación de dicha orden desconocidos hasta la fecha. Por ejemplo, informó que Washington planea que un número considerable de compañías del sector privado, supuestamente vinculadas a las infraestructuras críticas del país, participen en el programa y que se monitoreen además los correos electrónicos de sus empleados.
La medida, que no tiene el mismo peso que una ley, señala que el Departamento de Seguridad Nacional desempeña un papel clave en la protección de las infraestructuras críticas nacionales. La Agencia de Seguridad Nacional se encarga de recoger datos sobre intentos de ataques cibernéticos a empresas estadounidenses. La información es entregada a continuación al Departamento de Seguridad Nacional y este organismo envía a su vez esos datos a proveedores de ciberseguridad y sectores de telecomunicaciones. Los empleados de esas compañías que cuenten con autorización de seguridad serán los responsables de analizar el correo electrónico y controlar el tráfico en la Red de trabajadores del sector privado, incluyendo bancos o empresas de transporte.
La iniciativa de Obama ya despertó críticas en el sector privado al considerar que no había suficientes garantías en la entrega de datos de sus actividades al Gobierno. Además, defensores de los derechos de los internautas consideran la orden una respuesta directa a la negativa del Congreso a aprobar la polémica ley de Intercambio y Protección de Información de Inteligencia Cibernética (CISPA), cuya propuesta despertó numerosas protestas ciudadanas.
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