España prioriza la construcción de aeropuertos en vez de programas sociales
En medio de una grave crisis de deuda, España apuesta por la construcción de aeropuertos en vez de implementar programas sociales para su población.
Con casi 50 aeropuertos públicos, cuyo tráfico no supera los 15 viajeros por mes, España insiste en construir más infraestructura de este tipo, haciendo caso omiso a su enorme deuda y sus elevados niveles de desempleo.
El sector aeroportuario acumula una deuda que supera ya los 12,000 millones de euros, en parte porque la mayoría de estas terminales fueron 'proyectos fantasmas', como el de Huesca.
Este aeropuerto se encuentra cerca de una de las principales estaciones de esquí españolas y su construcción costó 40 millones de euros. Pero en la actualidad ninguna aerolínea ofrece vuelos regulares desde sus pistas.
“Fue un proyecto que la provincia de Huesca demandaba al gobierno español y que tras una serie de años se consolidó pero sin un plan sólido comercial”, dice el profesor de economía Germá Bel.
¿Qué hay detrás de la crisis en España?
Para sanear las cuentas del Estado, los ciudadanos afrontan ahora recortes en los programas sociales y aumentos en los impuestos. Pero los excesos en el sector aeroportuario parecen no haber sido los únicos que llevaron al país al fondo de la recesión económica.
A finales del 2007, la burbuja inmobiliaria explotó y cientos de viviendas quedaron a medio construir. Ese se considera uno de los detonantes de la recesión económica española, pero hay quien piensa que detrás del mercado especulativo existen otras causas que arrastraron al país hasta una de las peores crisis de su historia.
“En España, la licitación de la obra pública termina pagándose tres e incluso cuatro veces más cara que cuando se inició el proyecto. Tiene que ver con la corrupción. Al menos con una forma de corrupción que es la corrupción técnica, en la que se prolonga innecesariamente la obra”, indicó José Antonio García Rubio, secretario de Economía y Trabajo de Izquierda Unida.
Y al ámbito público se le une el privado. Según el último informe de Acuña y Asociados, uno de los más prestigiosos del sector inmobiliario, en el país hay casi cuatro millones de viviendas sin propietarios. Y de estas más de dos millones y medio son obras paradas o en proyecto.
Esta industria está gravemente endeudada y más del 40% de las empresas se encuentran presuntamente en quiebra. Algo que se cree que condenará a más de la mitad del sector a desaparecer y a cerca de un millón de personas a unirse a la extensa fila de desempleados.