Economía
La ‘democrática’ Europa quiere un Portugal antidemocrático
La crisis en la eurozona amenaza con entrar en una nueva fase esta semana tras el bloqueo del Tribunal Constitucional de Portugal a algunas medidas del programa de austeridad del primer ministro, Pedro Passos Coelho.
El seis de abril el tribunal sostuvo que la reducción de los salarios y las pensiones programada de acuerdo con el pacto fiscal de la zona euro, es una violación de la Constitución. Estas medidas estaban destinadas a lograr un supuesto ahorro de alrededor de 1.300 millones de euros anuales, lo cual es una gran parte del programa general de consolidación fiscal para este año.
El primer ministro portugués declaró que la resolución de la corte es un obstáculo para el país en el cumplimiento de sus obligaciones ante los acreedores. Según Passos Coelho, la decisión del tribunal significa que el Gobierno tendrá que reducir en gran medida otros gastos, especialmente en el ámbito del bienestar social, la salud, la educación y la financiación de las empresas estatales.
La Unión Europea ya se ve desestabilizada a causa de la situación en Chipre y podría enfrentarse a una mayor incertidumbre si Lisboa no es capaz de encontrar nuevas soluciones al problema de cumplir con el plan de rescate, de 78.000 millones de euros.
Mientras tanto, la Comisión Europea ha advertido a Portugal que aplique sus medidas de austeridad como parte del acuerdo si no quiere verse privado de las ayudas financieras.
“Evidentemente es una presión además ilegitima y es una presión profundamente antidemocrática. No hay que olvidar que es el Tribunal Constitucional portugués quien se ha pronunciado contra las medidas a requerimiento del presidente de la república y la figura del defensor del pueblo. Es decir, nos encontramos frente a una imposición de la Troika totalmente inaceptable desde el punto de vista democrático”, explicó a RT José Antonio García Rubio, el secretario de economía de Izquierda Unida de España.
El primer ministro portugués declaró que la resolución de la corte es un obstáculo para el país en el cumplimiento de sus obligaciones ante los acreedores. Según Passos Coelho, la decisión del tribunal significa que el Gobierno tendrá que reducir en gran medida otros gastos, especialmente en el ámbito del bienestar social, la salud, la educación y la financiación de las empresas estatales.
La Unión Europea ya se ve desestabilizada a causa de la situación en Chipre y podría enfrentarse a una mayor incertidumbre si Lisboa no es capaz de encontrar nuevas soluciones al problema de cumplir con el plan de rescate, de 78.000 millones de euros.
Mientras tanto, la Comisión Europea ha advertido a Portugal que aplique sus medidas de austeridad como parte del acuerdo si no quiere verse privado de las ayudas financieras.
“Evidentemente es una presión además ilegitima y es una presión profundamente antidemocrática. No hay que olvidar que es el Tribunal Constitucional portugués quien se ha pronunciado contra las medidas a requerimiento del presidente de la república y la figura del defensor del pueblo. Es decir, nos encontramos frente a una imposición de la Troika totalmente inaceptable desde el punto de vista democrático”, explicó a RT José Antonio García Rubio, el secretario de economía de Izquierda Unida de España.
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