Ley “Mordaza”: ¿se acobardan las castas?

Uno de los requisitos fundamentales de la valentía como paradigma de lo humano es la capacidad de desechar la agresión o la amenaza como una forma de relacionarse. La serenidad y tolerancia son los grandes símbolos de la gente valerosa, resuelta.

La hidalguía al reconocer el error o la aceptación de la negociación en condición de iguales se opone a la cobardía, feroz anti valor que ostentan ciertos sectores de poder en el planeta y del cual hacen ostentación permanentemente. Instituir medidas de represión es también sinónimo de una de las últimas etapas de dichos grupos debido a su impotencia para controlar la indignación nacional, especialmente cuando la coyuntura indica a las clases dominantes que van a ser expulsadas de su trono. De allí que, como resultado de  su incapacidad de comprender la realidad y asumir su grave egoísmo, ejercen la sanción en forma de una desesperada acción. Esto es lo que ocurre con el régimen de Mariano Rajoy y la legislación impuesta por el Partido Popular monárquico.

Como se conoce, la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada recientemente por el  Consejo de Ministros de España, caracterizada por la violación a la Carta Fundamental de los Derechos Humanos y llamada Ley Mordaza, contempla 44 causas por las que los españoles serán sancionados al transgredir dicha normatividad.

Uno de los principales defensores del presidente Rajoy es el  ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha calificado al documento aprobado como histórico pues garantizaría los derechos a todos los españoles de bien, lo que se ratifica según él puesto que el Consejo de Estado lo ha avalado. Aún más, manifiesta que es un texto suave que intenta proteger a los manifestantes mismos ya que permite retener-no detener-a personas que pudiesen ser consideradas revoltosas o peligrosas para trasladarlas a la Comisaría y permanecer en “estancia”( hotel), e identificarlas en un plazo máximo de seis horas, dejándolos en libertad luego de esta situación si no hay amenaza manifiesta e inusual, lo que obviamente se aplicaría sólo en casos muy excepcionales dada la garantía que da la población española de tranquilidad y respeto a la legalidad. Obviamente se invita a no manifestarse ante el Congreso, Senado o universidades porque conduciría, lamentablemente, a la aplicación de la juridicidad y no es el deseo del gobierno democrático.    

Por el contrario, la ley de Seguridad impuesta por el régimen español se caracteriza por diversas medidas que atentan contra la libertad de expresión y sanciona  penalmente al infractor con el fin de atemorizar a la población civil. Entre algunas de las normas se encuentran:prohibición de manifestarse sin permiso de la autoridad el que puede ser otorgado después de un trámite formalizado; castiga las protestas que "perturben" la seguridad ciudadana, lo que implica la oposición a provocar congestiones por reunión de personas; sanciona la  negación a identificarse o “no colaborar con la Policía”, es decir, es obligatorio responder todas las preguntas aunque sean de carácter personal y someterse físicamente so pena de detención agravada. De modo imperfecto se establece multas exorbitantes a quienes usen aparatos de grabación, celulares por ejemplo, para grabar las acciones de arresto, detención u otras formas de conminación por parte de la autoridad, penando el uso de estas imágenes ya que podrían poner en peligro la seguridad de los agentes y sus familias.

Las penas oscilan entre meses y quince años, dependiendo de la falta ya que puede ser agravada y punible en otro campo más delicado como la infracción a la seguridad nacional, que pueden conducir a prisión en sus grados máximos. Lo aberrante o risible, dependiendo de la óptica empleada, es que las multas en la medida que no conlleve cárcel producto de una contravención, se encuentra entre  los 100 y 600.000 euros. La última cifra equivale a una multa aproximada de diez casas o 100 autos…

En síntesis, es infracción grave la protesta ciudadana ante el Congreso, el Senado, Asambleas Legislativas o Universidades; se sanciona fuertemente a quienes se opongan a la entrada y registro de domicilios, la identificación de personas o los controles y cacheos en la vía pública. Son "muy graves" las reuniones no autorizadas que se vinculen con alteración en  infraestructura de servicios públicos. Incluso los inmigrantes ilegales serán devueltos de inmediato a su lugar de origen.

Un análisis obligatorio

El estudio de estas medidas pone en claro que la denominada guerra de cuarta generación, que compete a los Medios y las Redes, está en franco desarrollo y la casta española se ha dado cuenta que, pese a poseer el 98% de la comunicación en el país (lo que ellos denominan libertad de prensa), paulatinamente avanza una comunidad que se opone a sus designios y se interioriza de la verdad. Esto la acobarda y les produce la reacción desesperada de utilizar la sanción para amedrentar, herramienta que ha sido superada por el heroísmo de la ciudadanía, quien no tiene miedo a la dura represión.

En el caso específico, el bautizo de los españoles a la Ley de Seguridad Ciudadana como ley mordaza se debe a los mecanismos aprobados en ésta y que desaparecen la libertad de expresión e impiden ejercer el derecho a la voz alta y fuerte en un espacio social.

Las plataformas democráticas han conceptuado esta herramienta como un símil de las normativas franquistas. El PSOE, pese a que con la dirigencia de Felipe González introdujo férreamente el neoliberalismo y la privatización del país, se opone a esta normatividad conceptuándola como una derogación de derechos constitucionales, tales como el de manifestación y reunión", al igual que la organización “No Somos Delito” que ha solicitado la dimisión de los ministros de Interior y de Justicia del país puesto que va en contra de los pobres, destruye los derechos sociales y castiga a los colectivos o activistas. 

En efecto, no sólo se restringe las libertades sino que se vuelve a un período colonial donde son inexistentes los más mínimos derechos, excepto por la posibilidad de transitar bajo la mirada vigilante del capataz Estado, generando miedo al otro, lo que es una expresión de su propio temor a las clases populares en protesta continua. Aún más, los sindicatos han denunciado que es un ataque directo contra el derecho a huelga con el fin de paralizar los piquetes, las diferencias y las luchas sociales. Orientada por la Fiscalía con el fin de amedrentar a toda la ciudanía inconforme es la Gestapización de la sociedad española a través de la criminalización de la protesta o manifestación en cualquiera de sus modalidades, incluso atentando al derecho de reunión de grupos pequeños. 

Podemos e Izquierda Ciudadana, junto a movimientos sociales, se han opuesto decididamente a esta decisión que fragmenta la sociedad, proponiendo democratizar  los procesos políticos y mejorar definitivamente las condiciones socio económicas de los españoles, con el fin de no aplicar medidas de extrema represión como son éstas. La realidad es que la “contención” llega a más de 300 sindicalistas, cientos de activistas y decenas de civiles indefensos que han protestado o se han opuesto a las políticas represivas del régimen español, incluso atenta contra aquellos que han obstaculizado el desalojamiento de casas a niños y familia enteras.

Se ha manifestado, además, que la Constitución se convierte en un documento que avala la desorganización ciudadana y confina la libertad a su lugar mínimo, pues una consecuencia de la ley es que las infracciones reguladas por el Código Penal del país pasarán a ser medidas administrativas y la decisión definitiva en cada caso no la tomará el juez sino la autoridad administrativa correspondiente.

Consideraciones finales

La ley Mordaza está vigente en la mayoría de países de régimen autoritario con democracia restringida, ya que prioriza la propiedad privada de los Medios para que la verdad no sea conocida por el público en general, entregando una versión ideológica de lo que ocurre y desfigurando la realidad en pro de sus intereses. Por tanto, en este caso, se reglamenta la forma como pueden actuar los ciudadanos y las limitaciones para que se circunscriba a un ámbito muy reducido solamente, descartando las calles, instituciones o las vías.

La ley “Mordaza” es la más clara expresión del temor que poseen las castas cuando su poder se ve cuestionado por los pueblos y su única e irracional respuesta es la sanción, propio de quien no posee la valentía para admitir que sus caminos están errados. Igualmente, este engendro es la expresión de la guerra mediática lo que demuestra dos hechos: uno, que las castas están perdiendo paulatinamente este poder usufructuado a la comunidad y la gente, que poco a poco le resta credibilidad a sus Medios y, dos, que se agotan las opciones de dialogar como recurso inteligente puesto que en esas fuerzas simplemente funciona el castigo como enseñanza.

Lo delicado es que las castas en las monarquías sientan que es correcta dicha ley o que potencias consideren que les falta algunos elementos para hacer una legislación más represiva aún, donde asesinar un ciudadano pueda ser obviado por la denuncia policial simplemente. Realizar una legislación extrajudicial en términos internacionales implica el temor a ser destronado y la creencia en el derecho a estar por sobre la legalidad mundial.

Sin embargo, las alternativas son cada vez mayores pues las organizaciones de indignados, de destechados, de despensionados, de gente reprimida y castigada por su valentía, de ciudadanos conscientes, es también ascendente.

El uso de las redes, la oposición a las nuevas ideas de criminalizar internet, la comunicación continua en las calles, en los buses, en el trabajo, la politización diaria sobre las sanciones como mecanismo propio de las trasnacionales hechas realidad por un gobierno, invita a la solidaridad y participación activa en los comicios y en todo ámbito de comunicación para desalojar de estos espacios a quienes han hecho de la soberanía un recuerdo lejano.

Es ya la hora de sembrar esperanzas y cosechar el fruto de la pacificación de los espíritus a través de la equidad social reflejada en gobiernos comprometidos con sus propios pueblos.