España desampara a los inmigrantes al no otorgarles tarjetas sanitarias

El Ministerio de Sanidad de España aumentará la atención a los inmigrantes irregulares, pero no les otorgará una tarjeta sanitaria. Cada vez más comunidades autónomas se rebelan a la hora de aplicar la ley que aprobó el Partido Popular hace tres años, mediante la cual dejó sin cobertura sanitaria gratuita a los indocumentados. Varias ONG consideran que esta negativa está provocando un estado de arbitrariedad e, incluso, el cobro de facturas hospitalarias ilegales.

Un ejemplo de ello es el de Rousudan Antonidze, una inmigrante de 21 años que en 2014 llegó a España procedente de Georgia. El pasado mes de marzo acudió a un hospital madrileño con una rodilla muy inflamada y fiebre muy alta. No tiene tarjeta sanitaria y vino huyendo de un padre alcohólico y engañada, tras entregar todos sus ahorros a un compatriota que le prometió un trabajo.

"Cuando llegué al médico y dije que me dolía (la rodilla) me pidieron dinero, porque no tenía papeles. Entonces, me cobraron sin hacerme análisis ni operarme". Rousudan tenía que hacerse cargo de la factura en 24 horas o, si no, la iban a multar con 3.000 euros. "No me dijeron que sólo tendría que abonar esa cantidad si me dejaban ingresada", relata la joven, quien asegura que los vigilantes del hospital no la dejaron salir hasta que abonó la cantidad que le pedían.

La factura que le hicieron a Rousudan es ilegal. El decreto ley por el que los inmigrantes en situación irregular perdieron el acceso a la sanidad pública contempla que se les debe atender en supuestos como urgencias, personas embarazadas o menores de 18 años. La ONG Médicos del Mundo asegura que, sólo en su sede de Madrid, casi 550 personas han denunciado que esto no se está cumpliendo.

Tres años después de su entrada en vigor, este real decreto sigue siendo objeto de polémica. Con los recientes cambios de Gobierno en las comunidades autónomas, cada vez son más las regiones que se niegan a aplicar esta norma y se manifiestan en contra de lo que propone el Ejecutivo de Mariano Rajoy: unificar el criterio mediante un registro de inmigrantes que necesiten atención sanitaria.

Las ONG, las comunidades autónomas y los partidos de la oposición recuerdan que el propio Consejo de Europa criticó la decisión de retirar la sanidad gratuita a los inmigrantes que se encuentren en España en situación irregular. "Entendemos que debería ser la Comisión Europea la que legislara para que todos los estados miembros tuvieran la obligación de dar asistencia sanitaria a las personas", sostiene la portavoz grupo Izquierda Plural en el Parlamento Europeo, Marina Albiol.

Según el Gobierno español, la medida ha supuesto combatir el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros anuales a las arcas públicas. Sin embargo, las ONG aseguran que esas cifras no se han podido demostrar y que probablemente sea al revés, que al eliminar la prevención estas personas sólo acudan al hospital cuando ya están muy graves, lo que supone un coste mayor para el sistema. También explican que, al margen de trabajar o no legalmente, un inmigrante ya está contribuyendo al sistema por el simple hecho de consumir, puesto que se le está cobrando un impuesto por ello.

La pregunta es si, con las elecciones generales tan cerca, el Partido Popular cederá o se mantendrá firme en su política de atención sanitaria.