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La Casa de la Muerte brasileña reclama justicia

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Brasil es el único país de América Latina que nunca ha juzgado los crímenes de su dictadura. Sin embargo, víctimas y una parte de la sociedad exigen la justicia para las víctimas.
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La Comisión Nacional de la Verdad de Brasil ha revelado que más de 80 empresas espiaron a casi 300 empleados durante por varios años de la dictadura militar que sufrió Brasil entre 1964 y 1985.

La Casa de la Muerte es un edificio a tan solo 60 kilómetros de Río de Janeiro donde más de 20 personas fueron torturadas y asesinadas durante la dictadura en Brasil. Una de las organizaciones que luchan por revelar lo ocurrido en aquella época, la Comisión de la Verdad, ha publicado este lunes un informe sobre el espionaje de los sospechosos de acciones subversivas. 
 
"Yo lo admito. Yo admito este proceso y la muerte también". Con estas palabras, el exgeneral Paolo Malhaes se convirtió en el primer militar en reconocer la tortura y asesinato de opositores durante la dictadura en Brasil.

La sociedad brasileña ha tenido que esperar medio siglo para escuchar esas declaraciones, pero todavía se está enfrentando a su pasado oscuro, ya que una ley de amnistía impide juzgar los crímenes del régimen militar.

Thiago Vilela, portavoz de la Comisión Nacional de la Verdad, aseguró: "En realidad esa ley produjo cierta paralización de la sociedad y la cuestión casi se zanjó para no volver a pensar en aquel periodo triste. Pero con el tiempo, la sociedad civil se organizó y empezó a investigar. Crearon diversas organizaciones para encontrar a los desaparecidos políticos y fueron las que dieron pie a la creación de comisiones de la verdad tanto a nivel nacional como regional".
 
Malhaes admitió que torturó a opositores en la Casa de la Muerte. Con total frialdad explicó cómo arrancaban los dientes a sus víctimas y cómo les cortaban los dedos para que no pudieran identificarlos.
 
Diferentes informes confirman los datos oficiales de 400 víctimas mortales y 20.000 torturados a lo largo del país.

Un mes después de su testimonio, el coronel Malhaes fue hallado muerto en su casa. Las causas no están claras y muchos brasileños interpretan su fallecimiento como un intento de entorpecer la búsqueda de pruebas.

Se considera también que la creación de la Comisión de la Verdad en 2012 por la presidenta Dilma Rousseff, una exguerrillera que también fue torturada y encarcelada por el régimen militar, es el mayor paso oficial que Brasil ha dado para esclarecer las violaciones de derechos humanos. Sin embargo aún queda mucho por hacer.
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