Los supuestos dueños de Machu Picchu denunciarán al Estado peruano ante la Unesco
La familia Zavaleta, que se declara propietaria del terreno en el que se sitúa Machu Picchu, denunciará al Estado peruano ante el Organismo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Solicita una indemnización o que se expropie el terreno.
Desde hace más de seis años la familia reclama en los tribunales de Cuzco que se le reconozca como dueña del lugar. Se declara propietaria de 22.000 hectáreas de las más de 35.000 que ocupa el santuario inca. Cansados de la falta de progreso, los Zavaleta decidieron extender el litigio que tienen con el Estado ante el organismo de la ONU.
"Vamos a denunciar al Estado peruano por infracción de las convenciones internacionales en materia de patrimonio cultural", declaró el abogado Fausto Salinas, defensor de la familia Zavaleta.
Según el abogado, la táctica del Gobierno ha sido dilatar los procesos para evitar que se les indemnice o que se expropie el valor de los terrenos. "El Estado sostiene la equivocada tesis de que al ser estos bienes patrimonio cultural de la nación los derechos de propiedad quedaron extinguidos. Esta tesis no tiene ningún fundamento ni en Perú ni en el derecho internacional", manifestó Salinas.
Formalmente dos familias se declaran los dueños del terreno: los Abrill y los Zavaleta. En 1933 el hacendado José Emilio Abrill Vizcarra inició los trámites para que el Estado expropiara el lugar. En 1944, Julio Zavaleta se compró dos fundos que atraviesan los caminos incas de José Emilio Abrill Vizcarra.
Las familias disponen de su página web Propietarios de Machu Picchu, en la que defienden su posición de dueños del santuario inca.