Perú investiga su pasado más estéril
Esterilización… Al escuchar esta palabra, una corriente de sudor frío recorre el cuerpo de miles de mujeres indígenas que fueron intervenidas durante el gobierno del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori. Tras permanecer impasible durante varios años, la Fiscalía peruana ha reabierto la investigación de este delito de lesa humanidad que fue apoyado económicamente por EE. UU.
La iniciativa, que afectó al menos a 300.000 mujeres, formó parte de la política demográfica fujimorista, que buscaba reducir el nivel de la pobreza manteniendo a raya la natalidad. Pero en vez de la anticoncepción quirúrgica voluntaria, se aplicaron prácticas encubiertas bajo engaño, amenaza o extorsión.
"La pobreza no se combate eliminando a los pobres, sino generando más trabajo con sueldos dignos", dijo a este respecto el presidente de Perú, Ollanta Humala, subrayando que el país nunca deberá regresar a aquella época.
La investigación correrá a cargo de la Fiscalía Provincial de Lima, que recogerá información de todos los departamentos del país donde se realizó esta práctica ilegal contra la humanidad, antes considerada un delito común.
Un genocidio enmascarado
Tras permanecer 6 años en el poder, el ex presidente Alberto Fujimori anunció en 1996 un programa de planificación familiar que consistía en rebajar el índice de natalidad para preservar y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.
La iniciativa corrió a cargo del Ministerio de Salud, que aplicaba esterilizaciones a mujeres en edad fértil, sobre todo a indígenas de escasos recursos y de zonas rurales. Según explicó un consejero de salud en un comunicado, las mujeres peruanas tienen demasiados hijos y se olvidan de tomar las pastillas o de vacunarse, lo que preocupa al Gobierno.
La iniciativa encontró respaldo en el exterior. El Banco Mundial entregó fondos para ayudar a aplicar el programa de control de natalidad, mientras que Estados Unidos realizó donaciones a través de USAID (la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional).
Edward Bos, experto del Banco Mundial, opinó entonces que gracias a esta medida Perú entraría en una época dorada, concentrando sus recursos ya no en la cantidad sino en la calidad de las escuelas y de los hospitales. "Los menores de 15 años no aportan nada. Sólo son consumidores netos de recursos en salud, alimentación y educación", subrayó.
Esterilizadas a fuerza a cambio de arroz
Los primeros testimonios de las mujeres operadas no tardaron en salir a la luz. Día tras día iban apareciendo múltiples denuncias de las peruanas sometidas a esterilizaciones por medio de engaños o bajo amenaza.
"Un día fui al hospital y vi cómo había unas 20 mujeres tumbadas en el piso en un charco de sangre, todas recién operadas", relata Josefa, una de las primeras mujeres que testificó ante las autoridades para que los autores y ejecutores del programa sean sancionados.
Para cumplir el plan de esterilización a menudo los médicos chantajeaban a la población más pobre: "si no te haces la esterilización, no te daremos comida para tus hijos". Desesperadas por su difícil situación económica, muchas mujeres aceptaban con tal de recibir a cambio un poco de arroz o de azúcar.
Miles de peruanas fueron intervenidas contra su voluntad. Una de estas víctimas, Bacilia Herrera, recuerda que fue al hospital porque tenía un fuerte dolor de espalda cuando, de repente, la tendieron en una camilla y le pusieron inyecciones. Al despertarse al día siguiente descubrió que había sido intervenida.
La mayoría de las mujeres fueron operadas por practicantes de enfermería, lo que las dejó secuelas de por vida. Así, varios meses después de la operación, Cléofl tuvo que ser ingresada con carácter de urgencia en el hospital presa de unos fuertes dolores: los médicos habían olvidado un hilo de seis centímetros en su vientre. "Ahora siempre tengo ardor en la cintura y no puedo cargar leña", se lamenta.
Según las investigaciones, al menos 18 campesinas perdieron la vida a raíz de estas operaciones. Uno de los casos más sonados fue el de María Mamérita Mestanza, campesina que murió tras ser esterilizada después de verse sometida a acoso durante un año para que se sometiera a la cirugía.
¿Un dolor que cae en olvido?
Ante la negativa del sistema judicial peruano de investigar las esterilizaciones forzadas, en junio de 1999 las víctimas se vieron obligadas a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2003, tras la huida del país de Fujimori, la CIDH había reportado hasta unas 2.000 esterilizaciones forzadas durante el fujimorismo, lo que fue tachado por la comunidad internacional de genocidio.
Por su parte, las nuevas autoridades reconocieron los abusos que se cometieron en la aplicación del programa de planificación familiar y firmaron el acuerdo de solución amistosa, que prevé investigar y castigar a los responsables.
Sin embargo, en 2010 el proceso fue archivado por la Fiscalía debido a que las esterilizaciones fueron tipificadas por el organismo como homicidio involuntario y no como violación de los derechos humanos.
En la actualidad, los supuestos responsables siguen impunes. Entre ellos se encuentra el actual congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, el ministro de Salud en aquella época, que -pese a las pruebas existentes- ha negado la existencia de dichas prácticas.
"Si no se los juzgaron en aquella época, hay que volverlos a juzgar. En el Estado democrático hemos rehecho casos que fueron juzgados en una época en donde no se respetaba el derecho", manifestó el primer ministro de Perú, Salomón Lerner.
Las mujeres afectadas todavía albergan la esperanza de que la pesadilla que vivieron en la época fujimorista no caiga en el olvido ni quede impune.