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El uso de polígrafos en EE.UU.: ¿Protección de datos o abuso del poder?

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En EE.UU. los ciudadanos denuncian el uso de los polígrafos por parte de las autoridades y se quejan de las preguntas personales que se realizan en determinadas entrevistas de trabajo.
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Para acceder a un empleo relacionado con información confidencial sobre la defensa nacional, los estadounidenses se ven obligados a pasar la prueba del detector de mentiras. El Gobierno de Obama prometió restringir el uso de estos exámenes para no infringir la legalidad, pero mientras tanto los que se someten a las pruebas tienen que responder a preguntas que están muy lejos de ser las propias de las entrevistas de trabajo para puestos relacionados con la seguridad nacional.

“Los examinados son considerados culpables hasta que puedan probar su inocencia”, relata John Sullivan, quien trabajó de operador de detector de mentiras para la CIA durante más de 30 años hasta que en 2004 falló al someterse a la prueba que tantas veces realizó a otros. Sullivan perdió su puesto y también el acceso a cualquier trabajo relacionado con información secreta.

Es una herramienta del interrogatorio. Y cuando uno tropieza con alguna pregunta, figura como un engaño, y después le hacen preguntas adicionales que pueden ser abusivas”

“Yo creo que esto es corrupción y abuso del poder. Demasiada gente honrada, que debería aprobar este test, falla. Y nadie rinde cuentas al respecto”, continuó Sullivan, que describió en un libro las dudosas preguntas y métodos que se usan en las pruebas.

“No tengo ninguna duda de que la prueba fue una farsa. Fue horrible”, dijo Sullivan sobre su propia experiencia.

Por su parte, el presidente del Departamento de Polígrafos de la Academia Nacional, Stephen Fienberg, indicó que “es importante entender que el detector de mentiras no solamente se usa para las pruebas. (...) Es una herramienta del interrogatorio. Y cuando uno tropieza con alguna pregunta, figura como un engaño, y después le hacen preguntas adicionales que pueden ser abusivas”, explicó.

Según varios informes, en 2012 más de 73.000 estadounidenses se vieron obligados a ponerse a prueba y responder a cuestiones sobre conducta sexual, finanzas, asuntos familiares o relaciones personales, pudiendo transgredirse en ocasiones su derecho a la intimidad. A aquellas personas que fallan la prueba del detector, se les prohíbe acceder a los resultados y a menudo ni siquiera tienen derecho a recurrirlos en una corte federal.
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