Los manifestantes también se mostraron a favor de impedir que se celebren las elecciones en el Estado de Guerrero, previstas para el próximo mes de junio, precisamente porque desconfían del Gobierno que, según ellos, ha fabricado los resultados de la investigación. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se comprometió a "no dejar un sólo cabo suelto” y a "continuar el análisis de lo que ha pasado en Iguala".
