La propuesta, rechazada por todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, pasará al Senado para su aprobación definitiva.
Con la nueva ley pasa a considerarse infracción grave la perturbación de la seguridad ciudadana en protestas como las celebradas ante el Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas.
El proyecto se ha topado con un rotundo rechazo por parte de la sociedad, debido a que restringe el derecho a la libertad de manifestación y de expresión.
Las multas de 600 a 30.000 euros por intentar impedir un desahucio, no identificarse ante un policía o difundir imágenes de antidisturbios, pueden convertirse en habituales a principios del 2015, cuando se prevé que la ley entre finalmente en vigor, indica el portal Diagonal Libertades.