Ley minera es inconstitucional: indígenas demandan al Gobierno mexicano por violar sus derechos
Las comunidades campesinas de los estados mexicanos de Puebla y Colina han interpuesto 3 demandas de amparo en menos de un mes reclamando que sus derechos han sido transgredidos por el Estado mexicano, dado que la Secretaria de Economía expidió títulos de concesión minera a empresas mexicanas, algunas de las cuales forman parte de un consorcio canadiense.
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"Es el Gobierno mexicano quien se encargó de promulgar la ley minera que viola los derechos humanos y es inconstitucional (...) y por el otro lado es el propio Estado, el Gobierno mexicano, el que otorga estas concesiones mineras. Ni la ley, ni las concesiones fueron consultadas a los pueblos afectados, que es una obligación del Estado mexicano", explica el integrante del consejo Tiyat Tlali, Leonardo Duran, los motivos para demandar a las autoridades federales.
De acuerdo con la red mexicana de los afectados por la minería, la industria minera es la que históricamente más ha impactado los derechos humanos de los pueblos originarios de México, y hoy en día una de las preocupaciones más importantes es el destino de un recurso tan importante como el agua.
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El abogado, director regional de la Oficina Regional Golfo de México del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Xavier Martínez, ha explicado que, según la observación federal 15 de las Naciones Unidas, el derecho al agua entre otras cosas debe garantizar los recursos de agua a los pueblos indígenas y proteger los sistemas tradicionales del abasto de agua. "En México rural no existen los sistemas operadores (...) Lo que está en juego es el manejo pluricultural del agua por unos intereses económicos" señala Martínez.
Los representantes y defensores de estas comunidades indígenas advirtieron que tras las modificaciones legales derivadas de la reforma energética, se ha agravado la condición de indefensión de los pueblos, lo que posibilita el despojo de sus territorios en favor de las compañías mineras.