"EE.UU. y muchos países de todo el mundo siguen discutiendo los nuevos acuerdos comerciales, antes llamados 'acuerdos de libre comercio'. De hecho, son acuerdos del comercio controlado. Estas condiciones se han creado teniendo en cuenta los intereses corporativos principalmente de EE.UU. y la Unión Europea", escribe el premio nobel de economía en su artículo publicado en la página web oficial de una organización internacional sin ánimo de lucro de unión de editores, prensa y asociación de periódicos, Project Syndicate.
LEA TAMBIÉN: "Cómo EE.UU. se estrangula con sus propias manos"
Stiglitz afirma que "estos contratos que se extienden mucho más allá de la esfera del comercio, la inversión y la propiedad intelectual, conducen a cambios fundamentales en la estructura legal, judicial y reguladora del Estado". Al mismo tiempo, estos acuerdos no pueden ser controlados ni influidos a través de las instituciones democráticas, añade el economista.
La parte más injusta de estos contratos, de acuerdo con Stiglitz, es la de la protección de los inversores. El analista admite que los inversores deben tener la protección contra el riesgo de pérdida de los activos adquiridos, sin embargo, las condiciones especiales de este tipo de acuerdos representan un obstáculo a los estándares de salud, medioambiente, seguridad e incluso en el campo de las finanzas.
SEPA MÁS: "TPP y TISA: Obama pacta con total secretismo acuerdos que cambiarían el mundo"
El experto pone como ejemplo al grupo de tabaco Philip Morris, que demandó a Uruguay y Australia por el requisito de poner advertencias sanitarias con ilustración visual de las consecuencias del consumo de cigarrillos en las cajetillas, medida que está dando resultados motivando a la gente a dejar de fumar y ahora Philip Morris pide una indemnización por lucro cesante.
Así, según explica Stiglitz, si en el futuro, algún producto comercializado llega a ser considerado nocivo para la salud (por ejemplo, el amianto), en vez de caer bajo acciones legales por provocar daños de salud a la población, la empresa podría demandar al Gobierno por prohibirle "matar a más gente" con su producción.