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El chantaje saudita: la amistad de EE.UU. está valorada en 750.000 millones de dólares
El Gobierno saudita amenazó con vender sus activos si el Congreso de EE.UU. aprueba un proyecto de ley que permitiría juzgarlo por su presunta complicidad con el 11-S.
El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel al Jubeir, hizo una advertencia a la Administración del presidente estadounidense, Barack Obama, durante su visita a Washington en marzo. Según un artículo publicado por 'The New York Times', el canciller saudita señaló que su país se vería obligado a vender los activos que mantienen en los Estados Unidos, valorados en unos 750.000 millones de dólares.
Con esta acción, el país árabe pretendería defenderse ante una posible amenaza de congelamiento de sus bienes por parte de los juzgados norteamericanos. Esto, en caso de que el Congreso apruebe un proyecto de ley que permitiría juzgar al Gobierno saudita como implicado en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La Administración de Obama habría llevado a cabo conversaciones con los congresistas intentando convencerlos de rechazar el proyecto de ley por considerarlo una amenaza para las relaciones diplomáticas y la economía del país. El próximo 21 de abril, el presidente realizará una visita oficial a Riad, aunque se desconoce si este tema será tratado.
A criterio de varios economistas internacionales, es poco probable que Arabia Saudita considere la venta de sus activos debido a que la medida debilitaría su economía. Sin embargo, el episodio ha sido analizado como un aumento en las tensiones entre ambos países.
¿A quién interesa la verdad?
Un informe de las investigaciones del atentado del año 2001 contiene un capítulo secreto de 28 páginas que aún no se ha hecho público. Según el exsenador Bob Graham, quien formó parte de la investigación, esta información revelaría la red que hizo posible el ataque múltiple y los canales de su financiamiento.
El informe señalaría cómo los terroristas recibieron respaldo del Gobierno, de fundaciones caritativas y de súbditos ricos de Arabia Saudita.
Los familiares de las víctimas son los principales interesados en que los documentos se hagan públicos y han utilizado por varios medios revelar las fuentes de financiamiento de los terroristas.
Los principales partidarios de la desclasificación del informe consideran importante que todos conozcan a los implicados en el atentado que mató a 2.974 personas.
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