Los venezolanos han tomado las calles de Caracas para expresar su rechazo al referendo revocatorio contra el presidente, Nicolás Maduro. Mientras, el Gobierno ha demandado a la oposición por las irregularidades que habría encontrado el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las firmas del recurso contra el mandatario.
Según la normativa, la oposición debía recoger las rúbricas del 1% de los inscritos en el registro electoral para revocar a Maduro. El proceso debía llevarse a cabo en 30 días; en cambio, la oposición prefirió hacerlo en 30 horas. Muchos firmaron: los registros de más de 1.350.000 personas fueron validados por el ente electoral.
Si bien mucha gente participó, el consejo electoral dice que más de 600.000 firmas no fueron válidas. Los datos oficiales señalan que el 30% de los formularios entregados presentó suplantación de identidad en una o más oportunidades y uso de firmas de menores de edad en el acto político, además hay registros de privados de la libertad sentenciados con delitos graves que no podían participar y en los listados aparecen cerca de 11.000 personas fallecidas.
Los principales voceros del chavismo insisten en que estas faltas serían tan graves que habrían lesionado todo el proceso, ya que se estaría hablando de la presunta forja de documentos legales. En Venezuela eso es un delito, por eso se dirigieron al Tribunal Supremo de Justicia, con el objetivo de interponer un amparo constitucional, que de aprobarse, podría declarar todo el acto como nulo.
Cualquier agresión, alteración del orden o generación de violencia conllevará a la suspensión inmediata del proceso
Por ahora, el proceso sigue. La presidenta del órgano electoral, invitó a la población a revisar sus datos en la web del Consejo Nacional Electoral y afirmó que el próximo paso es el proceso de verificación presencial de los firmantes válidos, que se hará entre el 20 y el 24 de junio en cada sede regional. Eso sí, si no hay violencia. "Cualquier agresión, alteración del orden o generación de violencia conllevará a la suspensión inmediata del proceso hasta que se restablezca el orden, la tranquilidad y el respeto", sostiene la presidenta del CNE, Tibisay Lucena.
La oposición insiste en que el referendo debe hacerse en octubre, pero en el chavismo son enfáticos: un proceso como este dura unos 240 días. Aun cumpliendo con los parámetros, igual se haría en 2017. Ya ese año, si Maduro fuera revocado, asumiría su vicepresidente, algo que la oposición buscará evitar a toda costa.