Las presiones en el mundo aumentan. Más y más gobiernos se acercan a posiciones que, de manera global, apuntan a modificar las legislaciones que actualmente criminalizan el uso y comercialización de la marihuana.
Sobre ese aspecto legal, en junio de este año fue presentado ante Naciones Unidas un informe titulado: 'La regulación del cannabis y los tratados de drogas de la ONU: Estrategias para la reforma', allí se expone que las modificaciones legales dirigidas a despenalizar al cannabis, "están avanzado a toda máquina", opinó John Walsh, uno de los autores del documento.
Ante esa aceleración cabe preguntarse: ¿A quién beneficia la legalización? ¿Qué opera detrás de esa ola reformadora de las leyes?
Beneficiados los de siempre
La respuesta resulta obvia para Andrés Antillano, profesor titular del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela.
Entrevistado por RT dijo: "¿Quién podría tener un interés comercial? Por ejemplo aquellos que desean el control de las semillas transgénicas de marihuana. Los que ven en la despenalización un nuevo nicho de mercado para el capitalismo, que nunca deja de crecer y que ha mercantilizado todos los aspectos de la vida cotidiana. Las drogas siempre han sido el gran negocio del capitalismo".
Fracaso del Plan Colombia
En el caso específico de América Latina, Antillano destaca el impacto negativo que ha tenido el Plan Colombia en toda la región.
"Lejos de eliminar la producción de drogas, lo único que consiguió fue redistribuir el negocio y sus actores (traficantes, sembradíos, laboratorios, rutas) en países vecinos a Colombia. En mi opinión, la despenalización debería ser una consigna de las luchas populares. ¿Por qué? Esencialmente porque la política de guerra contra las drogas nunca ha acabado con el mercado, más bien ha favorecido su crecimiento", asegura.
Para el académico, a mayor represión, aumentan los costos de las drogas y las ganancias para los sectores financieros, y a un mismo tiempo las 'regulaciones' sirven como un dispositivo que amenaza la soberanía de los países periféricos y permite la tutela de Estados Unidos sobre varias naciones.
Opina antillano que "Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo, acciona esas políticas de manera hipócrita. En último término sirven para criminalizar a los movimientos sociales y para enviar a las cárceles a los más pobres".
Leyes y trasnacionales
En Colombia el panorama no pinta diferente. El nuevo Código de Policía, de reciente aprobación por el Senado, genera un conflicto de poderes.
Tras la ratificación que debe darle el presidente de esa nación, el texto prohibirá de forma explícita "portar sustancias sicoactivas en el espacio público", esto supone la desestimación de un fallo de la Corte Constitucional (1994), que ya había despenalizado la dosis de uso personal, ya que el consumo de drogas es una actividad que atañe a la esfera individual de la persona.
Detrás de esto, se ocultan intereses comerciales, dijo a RT el analista político colombiano Juan Alberto Sánchez Marín.
"Existe una iniciativa presidencial sobre usos terapéuticos de la marihuana, que se convertirá en ley en poco tiempo. De hecho, el Ministerio de Salud de Colombia ya concedió la primera licencia a la empresa canadiense PharmaCielo, para cultivar, procesar y producir derivados de la marihuana con fines médicos. Muchas otras compañías, nacionales y extranjeras, están en la lista de espera del atractivo negocio".
A Sánchez Marín le parece llamativo que avancen consensos políticos internacionales a favor de modificar las leyes que penalizan a la marihuana, sobre todo "entre países que se han opuesto ancestralmente a la idea. Si eso está ocurriendo es porque existe detrás, en ciernes, un negocio tentador. Es más rentable emprender y controlar el negocio de la marihuana con fines medicinales e industriales que orientar todos los esfuerzos y medidas exclusivamente a su combate".
Las políticas de combate al narcotráfico, agrega, solo han dejado un extenso e inútil sumario de guerras y guerritas contra la producción, tráfico y consumo de drogas.
El mayor beneficio
En todo caso, se vislumbra un negocio grande. El ejecutivo español Jon Ruiz, representante en Colombia de PharmaCielo, afirmó no tener dudas de que Colombia, por sus condiciones geográficas y climáticas especiales, jugará un rol protagónico. "Nuestra meta es convertirnos en los mayores proveedores de extractos de aceites de cannabis cultivado naturalmente y no hay mejor lugar para hacer esto que en Colombia", según el diario 'El País'.
En opinión de Sánchez Marín resulta claro "que no serán los pequeños productores de aceites, bálsamos, ungüentos, y toda clase de remedios y menjurjes caseros, que por años los han producido de manera natural y clandestina, quienes tendrán el menor beneficio de las nuevas políticas".
Interés: el usuario
En 2013, la República Oriental del Uruguay llamó la atención del mundo entero al legalizar el uso recreativo, medicinal, industrial y hasta la producción de cannabis.
El proceso en este país, aprobado durante la presidencia de José Mujica se hizo sobre la base de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores.
"Hasta ahora hay 5.000 usuarios inscritos en los clubes de autocultivo. Pero también se han otorgado licencias para la investigación científica, el uso medicinal y la explotación industrial y cosmética de la planta", dijo el diputado uruguayo por el Frente Amplio, Sebastián Sabini, entrevistado por RT.
Con la llegada del gobierno de Tabaré Vázquez, surgieron dudas sobre el proceso legalizador, nos obstante se optó por la continuidad.
"Siempre que hablamos de drogas, se habla de fuertes intereses económicos. La diferencia de nuestra legislación con relación a otros procesos, radica en que el mercado no regula todo el sistema. Eso hace que tengamos otras posibilidades de hacer políticas públicas de salud dirigidas a los consumidores finales", señala Sabini.
Vistazo regional
Datos aportados por el proyecto 'TNI Drug and Democracy' de Naciones Unidas retratan de esta manera el panorama en materia legislativa sobre temas relacionados con estupefacientes.
Argentina: En 2009, la Corte Constitucional emitió un fallo conocido como 'Arriola' que declara inconstitucional la aplicación del segundo párrafo del Artículo 14º de la Ley 23.737 de 1989 que dice: "La pena será de un mes a dos años de prisión cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal". Desde entonces está pendiente una reforma de la ley.
Bolivia: Una ley que data de 1988 prohíbe la posesión o el depósito, el tráfico y el consumo. La cantidad mínima para consumo personal será determinada previo dictamen de dos especialistas de un instituto de farmacodependencia público.
Brasil: Una ley de agosto del 2006 introduce un cambio importante. Se despenaliza el consumo y rechaza las penas privativas de la libertad para el consumidor, incluso en los casos de reincidencia.
Chile: Desde 2007 formalmente está despenalizada la posesión de drogas para uso personal inmediato en el ámbito privado. En septiembre del 2014 se inició un debate parlamentario para despenalizar el autocultivo de cannabis.
Ecuador: En febrero del 2014 se aprobó el Código Orgánico de Procedimiento Penal que reemplaza la parte penal, conocida por su fuerte desproporcionalidad en sentencias y procedimientos. En 2008 se aprobó una amnistía para las "mulas" que transportaron hasta 2 kilos de cocaína y que ya tenían un año de prisión. Se debate una reforma mayor a la vieja legislación.
Paraguay: Aprobada en 1988, una ley exime de penas a los portadores de hasta 2 gramos de cocaína o heroína y 10 gramos de marihuana para el consumo personal. Se considerará de exclusivo uso personal del farmacodependiente, la tenencia en su poder de sustancia suficiente para su uso diario, cantidad a ser determinada en cada caso por el Médico Forense y un Médico especializado designado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar.
Perú: El consumo tradicional de la hoja de coca es una práctica que nunca ha sido penalizada. Pero, a pesar de que formalmente ni el consumo, ni la posesión para uso personal son punibles, se estima que el 60% de las detenciones policiales por delitos de drogas está relacionado con el consumo.
Uruguay: Es uno de los pocos países que nunca ha criminalizado la posesión de drogas para uso personal. Desde 1974 no existen valores considerados mínimos. Un juez determina si la cantidad era para uso personal. En diciembre del 2013 se determinó que el Estado asumirá el control de la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados, o cáñamo.
Venezuela: En 1993, Venezuela sustituyó la pena de cárcel con "medidas de seguridad social", en casos de posesión de hasta 2 gramos de cocaína y 20 gramos de cannabis. La posesión para el uso personal se castiga con la remisión a tratamiento, lo que puede todavía dar lugar al internamiento obligatorio en centros especializados.
Ola legalizadora
Lo cierto es que la legalización de la marihuana, sea para uso recreativo o medicinal, para beneficiar al usuario final o a los intereses comerciales, alcanzará a toda la región. Estados Unidos, México, Chile, Uruguay, Colombia y Brasil han realizado cambios particulares en la despenalización y los usos recreativos y medicinales.
"Lo interesante de las reformas, es que no plantean una solución única. Cada contexto, cada país, tiene determinadas expresiones relacionadas con las drogas y las políticas deben responder a las particularidades propias", explicó a RT la investigadora mexicana Lisa Sánchez, coautora del informe sobre Regulación del cannabis presentado por Naciones Unidas.
Haciendo una abstracción de procesos diferentes señala, que lo ocurrido en Uruguay se hizo de cara al usuario. "Uruguay nunca ha sido un productor, por eso de ellos no podría salir un modelo basado en términos comerciales. No existe allí un deseo de establecer una industria lucrativa. Prevé sí, un polo de investigación científica sobre los usos de la planta".
En otro extremo ubica el caso colombiano. Históricamente ha sido un país productor y que además posee una legislación que castiga severamente el tráfico de drogas. "Allí se autorizó solo el uso medicinal".
La investigadora mexicana enfatiza que la existencia de una industria relacionada con el cannabis, es una realidad y "existe un debate sobre la obsolescencia de las políticas reguladoras actuales. Los cambios dependerán de la cultura política de cada país. Que una nación avance en la legalización ayudará a dos cosas: La ruptura del tabú político que pesa sobre las drogas y el funcionamiento de un nuevo régimen que aviva la discusión sobre la efectividad de políticas alternativas".
Ernesto J. Navarro