¿Es torpe la justicia española contra los delitos en las redes sociales?
Aunque las autoridades tratan de impedirlo, en la práctica, las redes sociales son aún un territorio son ley...o al menos con una ley extraña y compleja. Si de algo está sirviendo el ruido mediático constante que generan las redes sociales y su incesante goteo de polémicas, es para encender el debate y propiciar la reflexión sobre los límites de la libertad de expresión.
Uno de los problemas evidentes a la hora de legislar y juzgar con eficacia en este contexto es la abrumadora cantidad de información que se genera, que hace virtualmente imposible un seguimiento controlado de los contenidos que se publican: en un mundo en que se generan 278.000 'tuits' cada minuto y 41.000 'posts' de Facebook cada segundo, es fácil comprender la imposibilidad práctica de un control de contenidos eficiente.
Otra cuestión de interés es si ese control de contenidos sería deseable o no, y ése es uno de los apasionantes debates que se abren cada vez que un conflicto por algún mensaje ofensivo salta a la palestra mediática.
España vive un momento especialmente tenso con el asunto de la libertad de expresión y las redes sociales. La reciente muerte accidental de un torero en plena corrida, por ejemplo, ha suscitado una amarga confrontación entre antitaurinos y partidarios de la tauromaquia que ha resultado muy profusa en mensajes cargados de violencia verbal. Los 'tuits' ofensivos contra las víctimas del terrorismo son otra plaga de la redes en España, así como los comentarios desafortunados de figuras políticas, que en su afán de protagonismo o provocación, cada cierto tiempo generan alguna polémica desagradable.
La Justicia hace lo que puede...¿pero lo hace bien?
Aunque se trata de un país tristemente acostumbrado a la crispación mediática entre sus diferentes sectores ideológicos, cada vez son más los casos de denuncias y condenas debidas a un uso controvertido de la libertad de expresión.
Y a su vez, la manera en que la Justicia aplica sus veredictos, o concede atención a algunos mensajes mientras no parece preocuparse por otros de igual o mayor gravedad, también genera controversia y suscita importantes preguntas, no sólo sobre los límites éticos de la libertad de expresión, sino sobre cuáles son los criterios de aplicación jurídica que rigen en la práctica. Sobre esta cuestión, una publicación española ha confeccionado un curioso test que reta al lector a adivinar cuál de los 'tuits' presentados -todos son ofensivos o amenazantes, en diferentes grados- han pasado por los tribunales o han recibido alguna denuncia.
La intención del test es poner de manifiesto "la arbitrariedad a la hora de judicializar una conducta en redes sociales", que a su vez "demuestra la debilidad de la justicia a la hora de filtrar las redes", en palabras de sus propios autores, que también indican, a modo de reflexión, que "las redes sociales son una parte más la sociedad y que en otros medios, en otros contextos, también se producen afirmaciones de un carácter similar a los que se escrutan con más saña en redes". Como conclusión, señalan que "la libertad de expresión no vive buenos momentos en nuestro país, tanto a nivel de la sociedad civil, política o del mundo del arte y que esa continúa aplicación de dogmas no hace más que coartar la libertad, la imaginación o simplemente, el habla, llegando incluso a provocar que las individuos apliquen, a sí mismos, la peor de las censuras, la propia".
Precisamente hoy se ha resuelto una de las últimas controversias que han agitado el panorama español de las redes sociales. Ha sido absuelto César Strawberry, un rapero que había sido juzgado la semana pasada por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas del terrorismo. La fiscalía pedía para el 20 meses de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta y dos de libertad vigilada. Los jueces han considerado, sin embargo, que las manifestaciones vertidas en Twitter por el cantante no encajan en lo que constituye una apologia del terrorismo, ni provocan el discurso del odio, según informa 'eldiario.es', en cuya nota al respecto puede leerse la sentencia íntegra.
Libertad y responsabilidad
Lo cierto es que los mensajes que los usuarios vierten en las redes sociales no son ni más ni menos ofensivos, ni más ni menos elegantes por el hecho de que un tribunal los considere constitutivos de delito o no. La justicia, con sus limitaciones frente al inmenso aluvión de mensajes diarios, hará lo que pueda, y su labor será inevitablemente imperfecta. Así, sus condenas y veredictos serán sólo una débil referencia en el caótico y gigantesco mundo de la comunicación humana.
Es importante observar el asunto atendiendo a su dimensión más amplia: que algo sea legal no significa que sea éticamente plausible. El ámbito de la Justicia es limitado y estricto; el ámbito de la comunicación humana, en cambio, solo tiene los límites que cada uno, en su práctica, quiera aceptar. Nos guste o no, las redes sociales son un reflejo -entre muchos otros,con su verdad y sus distorsiones- de lo que somos como grupo, como comunidad y como producto de nuestra realidad cultural. La libertad de expresión, como cualquier otra libertad, conlleva una fuerte responsabilidad en su ejercicio. La Justicia puede sancionar efectivamente algunos aspectos de esa responsabilidad; el resto queda en manos de los usuarios, y de su grado de consciencia social.
David Romero