El Tribunal Supremo de Venezuela ha declarado el desacato de la Asamblea Nacional por la incorporación en sus funciones de tres diputados del estado de Amazonas. Los funcionarios habían sido impugnados por el chavismo por presunta compra de votos en las elecciones del pasado 6 de diciembre.
A mediados de diciembre del año 2015 voceros filtraron a los medios un audio en el cual aparecen presuntamente implicados algunos funcionarios del Gobierno del estado Amazonas. En ese audio se demostraría la presunta compra de votos que se habría generado en esta entidad con el apoyo del gobernador opositor Liborio Guarulla y con la cual se habría favorecido a los candidatos de la llamada 'Mesa de la Unidad Democrática' (MUD), que es la coalición opositora que reúne a todos los partidos venezolanos que se oponen al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Ese audio sirvió justamente para impugnar esas elecciones. De hecho el bloque de la Patria que representa a las fuerzas del chavismo en el Parlamento introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia una medida de amparo cautelar.
"Es obvio, es claro, es notorio, es un hecho público que se cometió un fraude electoral en el estado Amazonas y ningún hecho delictivo, ningún hecho fraudulento genera ningún tipo de derecho. Por el contrario lo que genera es el conjunto de responsabilidades", se refirió al caso Héctor Rodríguez, uno de los jefes del bloque parlamentario del chavismo dentro de la Asamblea Nacional.
¿No importa la suspención?
El Tribunal se pronunció el 30 de diciembre, cuando ordenó la suspensión de la totalización, adjudicación y proclamación de los cuatro diputados del estado de Amazonas, tres de ellos pertenecientes a la oposición y uno de ellos del chavismo. También el 11 de enero de 2016 ratificó la sentencia, sin embargo, la Asamblea Nacional decidió la juramentación de estos diputados en un evento que fue público y notorio. Aunque desde entonces ellos habían estado apartados de sus cargos, el pasado 28 de julio los diputados fueron otra vez al Parlamento, se les entregaron sus credenciales y participaron también en la sesión ordinaria que se celebró ese día.
Romel Guzamana, uno de los diputados cuestionados, por su parte, ha comentado a los medios sobre las posibles implicaciones que tendría el desconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, diciendo que "si se libra la orden de detención en su contra el pueblo se levantaría, porque esto sería un total desconocimiento de la Constitución y oficializaría la dictadura".
El Tribunal Supremo de Justicia también ya se ha pronunciado sobre este caso, declarando a la Asamblea Nacional en desacato y de hecho indicó que se reservan las acciones legales que se pudieran desprender de estos actos.