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"No se le dio otra opción": La muerte de una salvadoreña embarazada reaviva la polémica del aborto
Han propuesto elevar las penas por detener el embarazo a 50 años de cárcel. En ocasiones, la rigidez de la legislación choca con la realidad de muchas mujeres pobres en el país.
'Justos por pecadores', este popular refrán podría asociarse hasta cierto punto con la diatriba generada en El Salvador cuando se trata de un tema sensible, problemático y grave en la sociedad: el aborto.
Y es que precisamente la legislación que mantiene este país para castigar a quienes deciden detener la gestación, y su rigidez, ha causado en muchas ocasiones más críticas que reconocimientos.
El portal Segundo Enfoque relató la dura experiencia que puede representar tanto para los médicos tratantes como las pacientes que se enfrentan a una situación atípica y que deben contemplar el aborto como opción de vida.
El debate se ha encendido nuevamente cuando se dio a conocer que una joven de escasos recursos murió en el Hospital Nacional de Maternidad de San Salvador, a causa de no recibir tratamiento contra un agresivo cáncer que padecía, porque la legislación de su país prohíbe cualquier tipo de aborto, obviando situaciones médicas y de otra índole.
El doctor Guillermo Ortiz, quien estuvo al frente del servicio perinatal de la institución, recordó el caso. "La enfermedad se la habían detectado al inicio de la gestación, pero ni siquiera le hicieron la biopsia y por supuesto no le dieron quimioterapia ni ningún otro tratamiento. Cuando llegó a nosotros, estaba en etapa terminal", señaló.
"Murió a los dos días con los fetos adentro porque la ley contra el aborto no permitió a sus médicos darle el tratamiento contra su cáncer", lamentó el doctor Ortiz. "Fue un caso muy triste. No se le ofreció ninguna opción. Simplemente se dejó que el cáncer avanzara", agregó.
El hecho de la joven y su lamentable final no es un caso aislado en este país centroamericano, donde por diversas razones, existe un alto índice de embarazos no deseados o en situaciones riesgosas.
En estos casos, la ley, paradójicamente, no garantiza el derecho a la vida.
Un mal precedente
En el 2013, la opinión pública de este país centroamericano conoció de cerca el caso de Beatriz, una joven de 22 años que sufría de Lupus y quedó embarazada.
Luego de los diagnósticos médicos se determinó que el feto tendría pocas posibilidades de sobrevivir debido a que era "anencefálico", es decir, nacería sin cerebro. Beatriz recurrió hasta lo más alto de la justicia salvadoreña: la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para lograr la interrupción de su embarazo.
Después un mes de deliberaciones, los magistrados fallaron en contra de detener el embarazo, alegando que los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del 'nasciturus' ('el que va a nacer') y viceversa.
El feto murió a las pocas horas, luego de ser extraído mediante cesárea. Una doble tragedia para Beatriz: perdió a la criatura que había gestado y también el derecho a detener su inminente muerte debido a la severa y estricta ley de su país.
Aborto, ¿homicidio agravado?
Algunos parlamentarios han propuesto inclusive que la pena por cometer un aborto en El Salvador sea equiparada con las correspondientes al delito de homicidio agravado, elevando más el tono del debate en este sentido.
El partido opositor Arena, en voz del diputado Ricardo Velásquez Parker, indicó que en el caso del aborto, debe considerarse como un delito grave debido a que la Constitución de su país reconoce al ser humano desde el mismo momento de su gestación.
"¿Por qué va a valer menos la vida de un ser humano, de una persona mientras está en gestación, que la vida de otro ser humano?, la pena de homicidio agravado es de 30 a 50 años", argumentó Velásquez Parker en declaraciones al diario 'El Mundo' de El Salvador.
Esta propuesta ha sido cuestionada por diversas instancias y organizaciones a nivel mundial, como Amnistía Internacional, la cual catalogó como un intento por "criminalizar a las mujeres".
También se pronunció el Congreso de Estados Unidos, que mediante un comunicado tachó como "crueles e injustas" las penas para el aborto.
Pese a las duras críticas, el ejemplo de El Salvador ha ganado adeptos en su vecina Honduras, donde se plantea no tocar ni modificar el aparte legislativo que condena y prohíbe este tipo de delitos y los penaliza hasta con 8 años de cárcel.
A mayor rigidez, mayor cantidad de abortos
Aunque parezca paradójico, se comprobó que mientras los Estados restrinjan o castiguen más el aborto, mayor será la incidencia de éstos en la sociedad.
En el año 2012, un estudio elaborado en 'The Lacent', reseñado por 'El País', reveló que la tasa de casos de interrupciones del embarazo era menor en legislaciones más permisivas y amplias al respecto de las razones y motivos sobre su aplicación.
En América Latina, la percepción y condena al aborto como delito varían dependiendo del país y sus características sociales.
En países como Argentina y Paraguay, la legislación no admite, bajo ninguna circunstancia, su aplicación y es muy restrictiva, en cambio en Colombia, Brasil y Uruguay, se analizan tres variables para su aceptación: violación, embarazos de alto riesgo o malformaciones en el feto que impidan su desarrollo y pongan en riesgo la vida tanto de él como de la madre.
En todo caso, se pondera el derecho a la vida de ambas personas involucradas.
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