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El Parlamento opositor venezolano propone derogar la Ley Anti-Monsanto

Publicado: 11 ago 2016 22:27 GMT | Última actualización: 12 ago 2016 00:00 GMT

El texto legal prohíbe de forma expresa el ingreso al país o la producción de semillas transgénicas. Productores de semillas dicen que defenderán la norma. Detrás de la derogación hay intereses transnacionales.

Reuters
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El pasado 22 de diciembre de 2015 la Asamblea Nacional de Venezuela, que la mayoría bolivariana controló hasta el 31 de diciembre, aprobó en sesión extraordinaria la Ley de Semillas, que tiene como objetivo principal la prohibición de las simientes modificadas genéticamente, también llamadas 'transgénicas', por lo que comúnmente se la conoce como 'Ley Anti-Monsanto'.

Dice el artículo 1 del texto publicado en 'Gaceta Oficial', que esta ley es: "contraria a las patentes y derecho de obtentor sobre la semilla, prohibiendo la liberación, el uso de la multiplicación, la entrada al país y la producción nacional de semillas transgénicas con el fin de alcanzar y garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria".

John Vizcaino / Reuters

Al día siguiente de su promulgación, el 29 de diciembre de 2015, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, reiteró que la Ley de Semillas "contempla la protección de la semilla indígena, afrodescendiente, campesina y local, así como la prohibición absoluta de la importación, producción o comercialización de semillas transgénicas", informó el diario 'Correo del Orinoco'.  

Condiciones adversas

Ahora bien, desde enero de 2016 el Parlamento venezolano es controlado por la mayoría opositora, que obtuvo una amplia victoria en los comicios legislativos de finales del 2015.

En varias ocasiones, sus voceros han expresado su deseo de derogar las leyes que fueron aprobadas luego de realizados los comicios parlamentarios, entre ellas, la Ley de Semillas.

Varias organizaciones de campesinos venezolanos que participaron en la elaboración del texto que finalmente se convirtió en ley han salido a las calles dispuestas a defender una normativa que sienten suya.

¿Intereses de quién?

"La nueva mayoría de la Asamblea Nacional de Venezuela tributa a los intereses de las empresas transnacionales y los grandes monopolios del agronegocio, por ello es que han anunciado su interés en derogar la Ley de Semillas", dijo a RT la antropóloga venezolana Eisamar Ochoa, vocera del Movimiento Semillas del Pueblo.

Aseguró Ochoa que esa ley surgió de un intenso debate popular en casi todos los estados venezolanos, fue "un verdadero trabajo constituyente".

La primera alternativa del movimiento es la movilización. "Con ello apostamos a que el Parlamento decida no derogar la norma. Desde su aprobación no hemos descansado en comunalizarla y ahora pasamos a la fase de territorializarla, operativizarla, porque ella plantea que el Poder Popular tome control de la producción nacional de semillas", dijo Ochoa.

Si esta ley se deroga, opina el movimiento que la defiende, se estarían entregando las semillas, "que son un bien estratégico para la soberanía alimentaria". La antropóloga venezolana sostiene que al eliminar la ley "aumenta el riesgo de caer en el manos del agronegocio, como Monsanto, que con su paquete de tecnología transgénico ha traído efectos devastadores para los ecosistemas de América Latina, la salud de los campesinos y el cambio climático".

El poder de Monsanto

Monsanto es nombrada recurrente en los debates actuales sobre soberanía alimentaria en muchos países del mundo. ¿La razón? El sitio Biodiversidad en América Latina y el Caribe la describe como "una de las empresas más grandes del mundo y la número uno en semillas transgénicas, el 90% de los cultivos modificados genéticamente en el mundo cuentan con sus rasgos biotecnológicos. Un poder total y absoluto. Asimismo, Monsanto está a la cabeza de la comercialización de semillas, y controla el 26% del mercado. A más distancia, la sigue DuPont-Pioneer, con un 18%, y Syngenta, con un 9%. Solo estas tres empresas dominan más de la mitad, el 53%, de las semillas que se compran y venden a escala mundial".

Fundada en San Luis, Misuri, Estados Unidos en 1901, Monsanto se inició en el área de la industria farmacéutica. Desde entonces amplió su radio de acción y poder empresarial. La web del Movimiento Prensa Rural cuenta que la transnacional de los transgénicos "obtuvo ingresos en el año 2013 por unos 31.000 millones de dólares".

Dólares de por medio

Consultada por RT, Yaheli Fuenmayor, investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, estima que el tema de los cultivos transgénicos trae consigo "muchos intereses económicos para quienes tienen la capacidad de manipularlos y crearlos".

En su opinión, "la liberación al ambiente de semillas modificadas genéticamente ha dejado consecuencias catastróficas no solo a nivel socioeconómico: a nivel ecológico ha destruido la diversidad biológica, también atenta contra la salud humana".

Mencionó estudios según los cuales en los últimos 20 años solo en Estados Unidos "a partir del uso de organismos genéticamente modificados se han incrementado de manera exponencial diversos tipos de cáncer, enfermedades gastrointestinales, renales y hepáticas".

El uso de cultivos transgénicos, dijo, ha sido tomado a la ligera por entes reguladores y empresas que los promueven.  

Latinoamérica contra Monsanto

La preocupación de los campesinos venezolanos no es exclusiva. A lo largo de la región campesinos y productores se enfrentan a Monsanto y también a instituciones de sus países, en largas batallas por el resguardo de las semillas.

Un reporte publicado en el portal Ballotage nos cuenta:

Brasil: Los conflictos con Monsanto están ligados al cobro de regalías por la utilización de semillas patentadas por la transnacional. Los agricultores brasileros se negaron a pagar regalías por el uso de esta tecnología alegando que Monsanto estaba violando la Ley de Variedades Vegetales de Brasil (Ley nº 9456/97). A pesar de que un fallo de primera instancia había sido favorable a los agricultores locales, el Tribunal de Río Grande interpretó que la intervención humana mediante técnicas transgénicas, incluidas las semillas, son objeto de patentes. En resumen: el fallo de primera instancia fue revocado y Monsanto puede reclamar el cobro de regalías a estos agricultores.

México: Apicultores mexicanos lograron revocar un permiso previamente concedido por el Gobierno a Monsanto para sembrar miles de hectáreas de soja genéticamente modificada en la península de Yucatán. La batalla legal había comenzado en 2012, cuando seis asociaciones de apicultores y Greenpeace presentaron un amparo argumentando que la presencia de cultivos de soja transgénica podía afectar la producción de miel en esa región.

Chile:La presidenta Michelle Bachelet retiró un proyecto, presentado por ella misma en su primer gobierno, que buscaba adecuar la normativa chilena a estándares del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del año 1991. Exigía la autorización de los obtentores sobre los organismos producidos y reproducidos para ser comercializados, de modo que los agricultores que hicieran uso de estas tecnologías se verían condicionados por las determinaciones de Monsanto.

Argentina: La Ley de Semillas data de 1973, por lo que es anterior a la normativa propuesta por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991). Así que Monsanto se las ingenia y diseña un modelo de negocio para una nueva especie de soja que restringe la comercialización, procesamiento y acopio de lo producido a determinadas empresas semilleras. De esta manera los productores argentinos deben firmar un contrato privado en el que Monsanto establece quiénes deben ser los proveedores de semillas y con qué acopios y exportadores opera, además de exigir el pago de regalías extendidas.

Presión legislativa

El informe cierra señalando que "la presencia de Monsanto en América Latina se hace notar a través de la comercialización de productos transgénicos y la aplicación de herbicidas y plaguicidas que pueden afectar a las poblaciones locales, pero también por su presión por imponer leyes que favorezcan sus intereses, a partir de la legitimación del cobro de regalías por la reutilización de las semillas genéticamente modificadas".

 

Ernesto J. Navarro

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