"¿Nuestros hijos dónde están?": Así buscan familiares a sus desaparecidos en México

En México han desaparecido más de 27.000 personas desde que el expresidente Felipe Calderón decretara hace casi diez años una guerra en contra del crimen organizado, de acuerdo con cifras del propio Gobierno federal, reporta 'Sin Embargo'.

Y son las propias familias de las víctimas quienes han tenido que salir en su búsqueda. Algunas, inclusive, han formado brigadas para hallar a sus seres queridos en fosas clandestinas.

Grace Mahogany Fernández Morán, integrante de Fuerzas Unidad por Nuestros Desaparecidos en México, considera que la desaparición en México ya es una práctica generalizada en todos estados: sucede de manera sistemática contra toda la población.

"Antes eran hombres jóvenes, ahora son mujeres, niños", explica a RT.

Además, detalla, que los desaparecidos no son cifras, sino personas y su contexto: niños que crecen sin padres, jóvenes tentados por el crimen organizado, la descomposición de la vida familiar y social.

El caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, que el próximo septiembre cumple dos años, y la búsqueda que han emprendido sus familias solo le dio notoriedad mundial a lo que Fernández califica ya como "una emergencia humanitaria".

En un acto a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, integrantes del Movimiento Nacional por nuestros desaparecidos en México, que integra alrededor de 70 organizaciones y colectivos, se reunieron para exigir la aprobación de una ley de desaparición forzada a nivel nacional que incluya la participación de las familias.

Para ello lanzaron la campaña #SinLasFamiliasNO.

En el acto, las familias compararon las cifras de desapariciones en México con las de Colombia, que en 50 años de conflicto armado tiene 57.000 personas desaparecidas; la guerra de Guatemala, en la que desaparecieron 45.000 personas en 30 años; o con la dictadura argentina, en la que desaparecieron 30.000 personas en siete años.

Al día en México desaparecen 13 personas, de acuerdo con el reportaje de la revista 'Proceso' titulado: 'El país de los desaparecidos'.

Entre familias de Poza Rica, Veracruz, del estado de México, Nuevo León y una mujer que busca a su hermano de Guatemala leyeron un comunicado en el que exigieron la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, un Plan Nacional de Búsqueda que privilegie la búsqueda en vida de las personas, y un Plan Nacional de Exhumaciones e Identificación de restos.

En la coyuntura por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno federal anunció medidas como la creación de un número nacional de emergencia 911, pero no habló de la implementación de protocolos para la búsqueda de desaparecidos. En el primer aniversario de la noche de Iguala, lanzó dos tuits:

Sin embargo, el Movimiento Nacional por nuestros Desaparecidos en México aclaró que, hasta la fecha, son las familias de Ayotzinapa y de los demás desaparecidos del país las que salen a buscar a sus seres queridos hasta encontrarse con "la realidad más estrujante": el hallazgo de fosas clandestinas.

Coahuila: Empezar a caminar

Arturo Rojo Flores, gorra y lentes oscuros por el sol, trae la fotografía de su hijo, Vicente Rojo Martínez, colgada del cuello. Cuenta a RT que su hijo se dedicaba junto con otros diez jóvenes de Ecatepec a vender pinturas casa por casa en todo el país. Desapareció el 21 de marzo del 2009 en Piedras Negras, Coahuila, en la frontera con Estados Unidos.

Buscó a las autoridades y logró tener una reunión con Rubén Moreira, entonces presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y hermano del polémico gobernador Humberto Moreira Valdés, detenido en enero del 2016 en España bajo la acusación de lavado de dinero. Sin embargo, la reunión no dio muchos frutos.

"De ahí seguimos nuestro largo camino en audiencias mensuales".

En ese contexto, Arturo y otros familiares que coincidían en agencias de procuración de justicia crearon FUNDEM: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.

En su búsqueda, pidieron apoyo al obispo de Saltillo, el defensor de derechos humanos Raúl Vera, quien los canalizó al Centro Diocesano Fray Juan de Larios.

Ya como FUNDEM realizaron reuniones, marcharon en el 2009 en la Ciudad de México, se unieron a la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el 2011.

Grace Fernández relata que durante estos recorridos se dieron cuenta de que las desapariciones ocurren en todo el país.

Ahora tienen trazada una red con familias en Michoacán, Querétaro, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí: "Nos faltan solo como tres estados", revela.

Fernández explica que hay un común denominador al que se enfrentan las familias cuando piden auxilio a las instituciones del gobierno: "Revictimización" y "criminalización" de las víctimas al ser cuestionados sobre sus actividades, ingresos y vida. Después, se topan con la saturación de las instancias públicas que llevan este tipo de casos; e incluso, con la colusión entre funcionarios y el crimen organizado.

"Lo que hemos aprendido es que nos prometen ayudarnos y ya después sigue siendo la misma cosa. Ahora que estoy parado aquí veo que apenas vamos empezando", cuenta Rojo, a pesar de que ya lleva siete años y cinco meses buscando a su hijo.

Su expediente está en Coahuila y ha pasado por siete ministerios públicos. También relata que ha viajado por todo el país y se encontró con salvadoreños, venezolanos y argentinos en una reunión de familias de desaparecidos en Sicilia, Italia: "En todos los lugares hay desapariciones".

Grace Fernández cuenta que en colectividad es como han logrado reuniones con instancias internacionales y gubernamentales.

"Somos una familia en el dolor, nadie nos entiende mejor que una persona que pasa por lo mismo. La fuerza es que al estar en unidad, y aunque moralmente estés abatido, te levantes a exigir justicia".

Nuevo León: Con el Estado o sin él

Desde el 2009 el norte del México vivió una crisis de violencia y desapariciones exacerbada, cuenta a RT Leticia Hidalgo, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León.

El 11 de enero de 2011, hombres encapuchados, vestidos de negro, algunos con uniformes de policía del municipio de Escobedo, entraron a su hogar, se llevaron sus pertenencias, automóviles, golpearon a sus hijos y se llevaron a uno: Roy Rivera, estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

"A raíz de la desaparición forzada de Roy, mi hijo, me veo envuelta y forzada también a ser yo misma parte principal de la búsqueda, ya que las autoridades no mostraban ninguna competencia, es decir, ninguna habilidad y hasta indiferencia", denuncia.

Leticia Hidalgo cuenta la misma historia que sus compañeros de Coahuila: Primero exigieron la aparición de sus familiares en las instituciones, pero de manera individual. Ahí encontraron una asombrosa cantidad de familiares que comenzaron a juntarse afuera de las oficinas para intercambiar datos y esfuerzos.

"Decidimos que la única manera de romper esta indiferencia era juntarnos y hacer visible la tragedia humanitaria que percibíamos desde ese año", relata.

"No ha sido fácil vivir de por sí el dolor de esta guerra dentro y transformarlo en una lucha por la concientización".

A pesar de la promulgación de la Ley General de Víctimas en el 2013 y de la tipificación del delito de desaparición forzada en Nuevo León, asevera: "Hemos recibido una justicia de papel, pero a los desaparecidos no se les busca desde el escritorio".

Por ello, este mes de agosto, emprendió con su organización en Nuevo León la cuarta brigada de búsqueda ciudadana. En las brigadas salen a los lugares inhóspitos donde, por sus propias averiguaciones, sospechan que hay actividad criminal. En ocasiones, la propia Policía los quiere detener, pues les dicen que ese trabajo no les corresponde.

En su búsqueda han hallado ropa, manchas de sangre, cabello, en una montaña en el municipio de Escobedo. Incluso una tumba que no quiso abrir el Ministerio Público.

"Les estamos haciendo el trabajo que les corresponde", acusa Hidalgo.

Las familias han tenido que exigir al Estado su responsabilidad. Después, recurren a instituciones internacionales como la oficina de la Organización de las Naciones Unidas en México, la cual lanzó un comunicado en el que emplaza a la aprobación de la ley de desaparición y llama al Estado a adoptar medidas para tratar con dignidad los cuerpos sepultados en fosas.

"A veces es tan desesperanzadora esta lucha, pero sí estamos viendo resultados. Creemos que lo vamos a lograr, con el Estado, sin él o a pesar de ellos", explica. 

Veracruz, la fosa más grande de México

Araceli Salcedo fue la primera persona que en la ciudad de Orizaba, en el estado costeño de Veracruz, comenzó a colgar lonas y a repartir volantes mientras buscaba a su hija, Fernanda Rubí, quien fue sacada del bar Bulldog el 7 de septiembre de 2012 por el cartel de Los Zetas.

La Fiscalía de Veracruz le informó que su hija fue secuestrada "por su belleza física", informa el portal 'Animal Político'.

Salcedo cuenta a RT que se ha enfrentado a todo, incluso al mismo gobernador Javier Duarte. Ahora forma parte del colectivo Familiares de Desaparecidos Córdoba-Orizaba, integrado en el 2012, y que ya cuenta con 55 casos con denuncias ante las autoridades.

Su búsqueda de cuatro años la llevó también a formar parte de la Primera Brigada Nacional de Búsqueda en Fosas Clandestinas, integrada en abril de este año. Tan solo en agosto, una de estas brigadas encontró 37 fosas cerca del puerto de Veracruz, de acuerdo con 'El Financiero'.

"En SEIDO (Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada) dicen que si se destapan las fosas en Veracruz, serán las más grandes del país. Es un foco rojo y aun así tenemos que ir con nuestros medios: palas, picos y varillas", cuenta Salcedo.

Pero aclara: "Lo que menos quiero es encontrar a mi hija en una fosa, quiero encontrarla con vida. Tampoco quiero encontrar a los hijos de mis compañeras, pero tengo que ir. Si me uno a buscar y encuentro en esas fosas a esas personas, alguien más me va a ayudar a buscar".

Relata que sabía la situación que hoy vive Veracruz, pero pensaba que a ella no le ocurriría nada. Cuando comenzó su búsqueda, la Policía le pedía su autorización para repartir volantes y hasta le quisieron cobrar por colocar lonas.

"Empezamos a hacer manifestaciones: por eso somos incómodas ante el Gobierno municipal", sostiene Salcedo, quien relata que les preocupa el papel turístico que tiene Orizaba dentro del programa Pueblos Mágicos.

Salcedo explica que es necesario que las familias participen en la elaboración de una eventual ley de desaparición, porque saben las necesidades y herramientas de la búsqueda de sus familiares. El propio Senado de la República reconoció este hecho. Además, cuenta que es necesario un presupuesto fijo para estos casos, un banco real de ADN para confrontar los datos recabados, ya que actualmente no existe ni hay una base real del número de cuerpos encontrados en las fosas.

Ante la pregunta de qué diría a las demás familias con su situación, Salcedo recomienda: "Que cada familia se empodere de su caso; sabrán exigir sus derechos y no podrán con ellos".