Niños indígenas se amparan contra Peña Nieto y empresa afín por destrucción de su hábitat

Alejandro juega a las canicas en el pasto después de participar en una conferencia de prensa de comunidades de todo el país. Ahí, en la alta montaña del municipio mexiquense de Lerma, espera junto personas de Chiapas, Hidalgo, Puebla y el Estado de México a expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Cuando Alejandro tomó el micrófono, dijo:

"Quieren imponer la Toluca-Naucalpan, pero nosotros no nos vamos a dejar. Seguiremos defendiendo nuestra tierra, casas, bosques: vamos a luchar por todo lo que nos han tirado".

Vestido de blanco, con un paliacate atado al cuello, Alejandro tiene apenas nueve años.Desde que Alejandro nació, su pueblo indígena otomí-ñätho de Xochicuautla se opone el paso en sus bosques de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada al consorcio empresarial Grupo Higa cuando el hoy presidente Enrique Peña Nieto gobernó el Estado de México.

Los pueblos indígenas y campesinos expondrán ante la ONU un rosario  de agravios cometidos por diversas empresas y corporaciones a lo largo del territorio nacional: destrucción de bosques, despojo de agua, construcción de aeropuertos en lugares de cultivo, gaseoductos cerca de poblaciones, derrames tóxicos en ríos.

Afuera de la carpa donde se desarrolla el encuentro, los niños juegan. De repente, se les escucha decir:

"¡Zapata vive, la lucha sigue!".

Se refieren al mítico revolucionario mexicano Emiliano Zapata.

La abogada Priscila Hernández, directora de la organización Earth Defenders con sede en Washington DC, interpuso un amparo ante las cortes mexicanas para defender a estos niños y a sus familias por los efectos ya visibles por la construcción de la vía.

“Los niños están aterrorizados por dos razones: el impacto sistemático del tiempo, constante de ocho años de gente armada en su comunidad y los abusos cometidos contra ellos y sus familias” cuenta a RT la abogada.

Separado de su montaña

Desde el 2013, cientos de granaderos suben de manera recurrente a las asambleas de comuneros que se desarrollan en Xochicuautla. Los enormes camiones de policía se estacionan en el campo de futbol, al lado de la escuela. A partir de octubre del 2014, maquinaria comenzó a talar árboles en la comunidad, a remover la tierra, y en 2016 comenzaron a derribar casas. La última era del delegado otomí de la comunidad, Armando García.

En estos pueblos, los niños acostumbran como actividad diaria subir a la montaña, al bosque y aprenden de lo que ahí perciben, como se muestra en el sigueinte video del colectivo Másde131:

Con el paso de la autopista, el pueblo prácticamente sería separado de su montaña.

De acuerdo la revista de planeamiento urbano San Diego UrbDeZine, las autopistas a menos de 300 metros de una población causan fuertes efectos en la salud por las emisiones de los automóviles. La escuela más cercana de Xochicuautla está a 200 metros.

La responsabilidad del presidente

Hernández relata que en casos como los de Xochicuautla o en la defensa del manglar de Tajamar, en el sur del país, niñas y niños participan activamente en la defensa del medio ambiente.

En Xochicuautla, los niños interpusieron un amparo en contra del presidente Enrique Peña Nieto por responsabilidad directa por la concesión de la autopista cuando fue gobernador del Estado de México (2006-2012), y principalmente por el decreto con el que expropió más de 30 hectáreas de bosque por supuestas causas de utilidad pública.

El decreto menciona que el pueblo fue consultado. Sin embargo, aclara la abogada, en ningún lado el decreto presidencial habla del medio ambiente ni de la salud de las personas del lugar.

“Están atemorizados, cuando pasó al demolición fue parteaguas, piensan que todos van a perder sus casas y que es el inicio del fin. Mencionan que ya no escuchan pájaros y algunos animales ya no se acercan” denuncia Hernández.

De acuerdo con una nota de la revista Proceso, en la comunidad hay 2 mil 500 niños. Alrededor de 300 serían directamente afectados por la obra. Inclusive, la abogada cuenta que ya existe un impacto grave en su desarrollo y calidad de vida.

Explica que niñas y niños sienten frustración, saben que abogados y organismos de derechos humanos, que se les ha defendido legalmente, pero la policía sigue incursionando en su pueblo. Algunos han pasado la mitad de su vida con esta situación y otros nacieron con esto. Además, explica, si se construye la carretera, a lo padecido se sumará un impacto de por vida.

Son los propios niños quienes firman el amparo de acuerdo con la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes. Una joven de 17 años que perdió su casa hace medio año encabeza la medida legal como representante común.

El amparo también es contra la esposa de Peña, Angélica Rivera, por ser directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), órgano del Estado mexicano encargado de velar por los derechos de la infancia.

Rivera protagonizó el escándalo de la “Casa Blanca” en 2014, pues supuestamente el propio Grupo Higa, le habría regalado una vivienda en uno de los complejos habitacionales más caros del país. El caso fue dado a conocer en todo el mundo gracias al portal Aristegui Noticias.

En total, el amparo se dirigen contra 12 instituciones y autoridades como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente, la Profepa, el actuar gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, quien en diversas ocasiones ha reiterado que la autopista se terminará en su gobierno y generará inversiones y empleos en la entidad.

Además, el nuevo recurso legal también va contra la empresa Grupo Higa ya que, de acuerdo con la nueva ley de amparo, las empresas ejercen actos de autoridad.

La abogada detalla que la autorización ambiental de la autopista no considera el impacto en calidad de vida y salud de los niños y sus familias, deber que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico.

“Este derecho debe ser si considero en la evaluación los impactos sociales, económicos y ambientales, y que se asegure el estado que no va a poner en riego recursos para las futuras generaciones, que son los niños" explica.

“La intención del amparo es la cancelación de las diversas autorizaciones gubernamentales que dan paso a la autopista" detalla.

Y explica:

"Que se declare inconstitucional la evaluación de impacto ambiental que hicieron las autoridades por no contener la protección al derecho al medio ambiente humano”.

José Luis Fernández, vocero de Xochicuautla, contó también a RT que los niños han crecido con esta lucha, pues desde hace casi una década se se les ha defendido legalmente. También, detalló que el próximo miércoles el grupo de la ONU que los visitó dará un dictámen sobre las afectaciones que diversas empresas causan en comunidades mexicanas.

“Empiezan a meterse, a observar y ya participan: dan mensajes, traen pancartas, ellos solitos”, relata el comunero.

Al-Dabi Olvera