Desde hace meses y, sobre todo, tras el escándalo de los 'papeles de Panamá' —al que se han sumado los 'Bahamas Leaks—, el Gobierno de Ecuador insiste en la necesidad de regular e, incluso, eliminar los paraísos fiscales. Al respecto, el canciller de ese país, Guillaume Long, declaró durante la 71.ª Asamblea General de las Naciones Unidas que, con estos y otros hechos "en la primera plana de los periódicos", han querido "aprovechar esta coyuntura política para relanzar el debate".
Durante el panel 'Afrontando el problema de paraísos fiscales: Hacia una agenda global para la justicia fiscal', Long detalló que el dinero oculto en esos países sin regulaciones financieras equivale a 30.000 millones de dólares —el 30 % del PBI ecuatoriano— y preguntó: "¿Se imaginan ustedes esa inyección de capital a nuestra economía?".
Asimismo, el diplomático ecuatoriano calculó que 32 millones de personas en América Latina podrían salir de la pobreza si esos capitales pagaran el impuesto sobre la renta que les corresponde.
La propuesta
Si bien esta iniciativa ecuatoriana no tiene una presentación concreta, apunta a la creación de un instrumento intergubernamental que regule los paraísos fiscales. De este modo, Guillaume Long explicó que su país prevé celebrar un referéndum en 2017 para definir si Ecuador prohíbe que las personas con dinero no declarado en el exterior puedan ser funcionarios estatales.
El ministro de Exteriores ecuatoriano también apuntó que cuenta con el respaldo del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), cuya XVII Cumbre se celebró recientemente en Isla Margarita (Venezuela). En el mismo sentido se expresó la secretaria ejecutiva de la Comisión para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, y la directora ejecutiva de Oxfam Internacional, Winnie Byanyima, quien remarcó que "los países en vías de desarrollo son los más afectados" por los paraísos fiscales, que "exportan pobreza e inequidad", y abogó porque la ONU cree "un nuevo organismo para luchar contra ellos".
Long analizó que se trata de "un problema estructural" en la clase política que, en muchos casos, se plantea como "de vida o muerte", con lo cual estimó que "el Pacto Ético es fundamental", ya que implica "una nueva forma de ver el contrato social".
Instalar un debate
En diálogo con RT, Leandro Navarro, sociólogo y periodista económico, se ha mostrado más cauto ante esta propuesta porque "a priori", su efectividad real "es nula o casi nula" y resulta "complicado" que la comunidad internacional "se haga cargo realmente".
Si embargo, este analista destaca que "lo que sí hace esta iniciativa es poner sobre la mesa el tema de los paraísos fiscales" y su falta de regulación, además del "rol de algunos países centrales en este tipo de cuestiones", con lo cual "obliga a que muchos se pronuncien" y permitirá "ver quiénes están a favor y quienés en contra", algo "similar" a la decisión sobre los fondos buitre de Argentina.
Leandro Navarro piensa que lo "más saludable" es que se lleva "a la palestra internacional el debate sobre los mecanismos de fuga de capitales y generación de estos paraísos" —un problema que "afecta, sobre todo, a las economías periféricas dependientes"—, pero recuerda que, si bien "hay acuerdos firmados entre países para el control de estos paraísos", aún existen lugares como Delaware (Estados Unidos) que siguen siendo "un paraíso fiscal" y demuestran que "los países centrales no suscriben esta posición".
Santiago Mayor