¿Podría el Caso Atenco exhibir al presidente mexicano ante cortes internacionales?

Hace diez años, el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, quien por entonces gobernaba el Estado de México, el mayor bastión de votos de su Partido Revolucionario Institucional (PRI), ordenó el ingreso de más de 3.000 policías al pueblo campesino de San Salvador Atenco.

Las heridas de aquel operativo, en el que hubo 211 detenidos —47 de ellos mujeres— y un joven estudiante asesinado, Alexis Benhumea, hoy en día "siguen abiertas", como reza un documental ganador de premios en México.

Atenco —que en náhuatl significa "a la orilla del agua"— es un pueblo dedicado a la agricultura, ubicado en lo que fue la ribera del antiguo Lago de Texcoco, a 28 kilómetros de la capital mexicana.

En octubre del 2001, el presidente conservador Vicente Fox lanzó un decreto expropiatorio contra el territorio ejidal de Atenco, para la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Los campesinos recibirían como compensación alrededor de 7 pesos por metro cuadrado.

Pero tras fuertes protestas, los campesinos lograron la anulación de dicho decreto en 2003 y el pueblo se convirtió en un referente de las luchas sociales del país. Tres años después, el 2 y 3 de mayo del 2006, esta localidad vio sus calles inundadas de policías.

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Imágenes tomadas de los dos principales canales: Televisa y Tv Azteca, muestran una marea negra que irrumpe en la plaza principal y en hogares del pueblo. Una docena de policías golpean con saña a un solo hombre por aquí; personas son arrastradas por allá; mujeres fueron maniatadas y apiladas en camionetas como bultos.

El operativo se desarrolló en el contexto de las elecciones presidenciales de 2006, en las que lideraban la intención de voto el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por entonces referente de izquierda oficial.

Lejos de los partidos, una red nacional de posturas y expresiones apartidistas, como San Salvador Atenco, se aglutinaban en 'La Otra Campaña'.

El 2 y 3 de mayo de aquel año, diversas mujeres y hombres de estas organizaciones acudieron a Atenco ante la amenaza de la entrada de la policía al pueblo, que mantenía cerrada la carretera Texcoco-Lechería, ubicada al nororiente de la ciudad.

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco fueron detenidos durante un choque entre policías y floricultores en el vecino municipio de Texcoco horas antes.

Patricia Torres es una de las mujeres que demandaron al Estado mexicano por el actuar de la policía en aquellos días. La detuvieron cuando tenía 23 años. Asistió a Atenco porque se encontraba realizando su tesis, y para acompañar la defensa de la tierra de los campesinos.

Ahora se encuentra junto a sus compañeras, dando una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en la que reivindican sus convicciones: "Soy una mujer que sigo creyendo en lo que defiendo".

"Ningún joven de 23 años debería estar pasando por una tortura, mucho menos por defender algo que cree que es justo", cuenta.

Torres, con visible turbación, pero con coraje, relata: "Es difícil recordar a diez años cómo estábamos en los autobuses apiladas, ensangrentadas, con amenazas; las pisadas de las botas. Que no vengan y digan que fueron los mandos bajos con un operativo tan gigante. Eso no fue orquestado por policías de bajo mando".

Claudia Hernández, otra de las mujeres demandantes, estuvo cinco años en proceso penal. Cada semana iba a firmar. Habló de la violencia que, por ser mujeres, les fue aplicada:

"Recorrimos un largo camino para aportar las pruebas: nos hicieron peritajes, volvimos a declarar, nos hicieron exámenes médicos y psicológicos y en todos esos momentos ellos aprovechaban para revictimizarnos y hacernos sentir responsables y culpables".

"En el camión nos dijeron: 'si estuvieras en tu casa haciendo tortillas no te hubiera ocurrido'", agrega.

Posible condena al Estado mexicano

Las 11 mujeres tocaron las puertas de la justicia mexicana para esclarecer su caso. En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo órgano de justicia de México, determinó que en Atenco "hubo violaciones graves de garantías individuales".

Entonces, las mujeres continuaron su búsqueda de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual admitió el caso 'Mariana Selvas Gómez y otras contra México' en 2011. Después de un largo proceso —los casos en esta corte llegan a tardar varios años—, emitió un informe de fondo, justo en el décimo aniversario de lo ocurrido. En su deliberación, el organismo internacional encontró responsabilidades del Estado mexicano.

La CIDH determinó que el arresto de las mujeres fue ilegal, arbitrario y sin ser informadas sobre las razones de su detención ni sobre los cargos que se les imputaba. Además, encontró pruebas de que agentes estatales realizaron actos de tortura, violencia física y psicológica, y habló de la existencia de violencia y violación sexual. Todo lo anterior mientras las mujeres fueron detenidas, trasladadas y llevadas a reclusión.

Por su parte, la Cancillería mexicana dio a conocer en un comunicado que el Gobierno de México hizo un llamado a la CIDH para que remitiera el tema a la Corte Interamericana "a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos".

De acuerdo con la Cancillería, desde marzo de 2013 el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en este caso y reiteró que se esfuerza para impulsar investigaciones y sancionar a los responsables, además de adoptar medidas para la reparación y no repetición de lo ocurrido en Atenco en 2006. 

La Cancillería mexicana destacó que por el Caso Atenco fueron detenidos 30 presuntos responsables y surgió un fondo de atención para las demandantes, quienes lo rechazaron en 2015, reportó el diario 'La Jornada'.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, explicó que en caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una condena, sería la octava contra el Estado mexicano desde que en 1999 fue aprobada su jurisdicción en México.

"Recibimos con mucho júbilo la noticia de que ya esté en la Corte de cara a un litigio que será complicado. Tenemos una larga experiencia de tropelías, trampas y mentiras", comenta Italia Méndez, otra de las mujeres denunciantes.

Méndez detalla que lo ocurrido con ellas fue una estrategia dirigida contra su cuerpo para mandar un mensaje a la sociedad civil en México. Por ello ―aclara― la demanda que hicieron ante el Estado mexicano es para romper con la impunidad.

Además, Méndez opina que después de que Atenco ganó contra el proyecto aeroportuario en sus tierras agrícolas mediante la vía judicial y manifestaciones, vino el encarcelamiento, la muerte y la tortura de personas.

"Decimos que no estamos dispuestas a ser el vehículo para que el Estado amedrente a esta sociedad", aclara.

La responsabilidad de Peña

Durante su campaña electoral en 2012, Peña Nieto asistió a la Universidad Iberoamericana, institución privada a cargo de la Compañía de Jesús, donde estudiantes le gritaron "¡asesino!".

Peña asumió aquel 11 de mayo la responsabilidad por lo ocurrido en Atenco:

"Dejo muy en claro la firme determinación del Gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México, que cuando se vieron afectados por intereses particulares tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz".

El subdirector del Centro Prodh aclaró que la resolución de la CIDH habla de la necesidad de indagar a quien fuera gobernador del Estado de México por su responsabilidad en lo concerniente a la posible emisión de declaraciones que comprometieran la dependencia, imparcialidad y ausencia de una investigación profunda en la cadena de mando.

Por su parte, Claudia Hernández afirmó que, cuando estaban presas, se les acusó de ser parte de una estrategia para desprestigiar al Estado.

"Peña dijo que cualquier abuso iba a ser castigado, no fue así porque la justicia no viene de los culpables. La justicia va a venir de una corte internacional", acusa.

Stephanie Erin Bewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, contó que hasta hoy no existe una sola condena ni una investigación completa al respecto. No está esclarecida la responsabilidad de la cadena de mando policial ni de la autoridad intelectual, pues solo están presos policías de bajo rango. Además, explicó que después de una audiencia pública, la Corte emitirá su sentencia sobre los hechos y violaciones a los derechos humanos, ordenando al Estado reparar integralmente el daño, lo cual podría tardar dos años, y que la sentencia será vinculante para el Gobierno mexicano.

Siete años después de lo ocurrido en Atenco, ya como presidente, Enrique Peña Nieto reactivó el proyecto de Vicente Fox y anunció la creación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Atenco y sus pueblos vecinos vuelven a la alerta.

"Yo volvería a estar ahí para defender la vida, eso le robaron al pueblo de Atenco", asegura Torres y agrega: "Con la construcción de ese aeropuerto se está matando la forma de vida de un pueblo; la construcción de ese aeropuerto es la impunidad".

Aldabi Olvera