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¿Qué casos relacionados con el narcotráfico llevaba el juez federal asesinado en México?

Publicado: 19 oct 2016 18:05 GMT

Vicente Bermúdez Zacarías llevó casos como los de los líderes de los cárteles de 'Los Zetas' y de Jalisco Nueva Generación, así como el de Gildardo López Astudillo, acusado de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Edgard GarridoReuters
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El pasado lunes, el juez federal Vicente Bermúdez Zacarías salió a correr por las calles cercanas a su domicilio, en el municipio de Metepec en el Estado de México, cuando fue asesinado de un balazo en la cabeza. El hecho quedó registrado en video.

Un día después de lo ocurrido, empezaron a circular hipótesis que llevarían a entender la relevancia alcanzada por el juez por los casos que llevó a lo largo de su carrera como integrante del Poder Judicial mexicano.

Vicente Bermúdez Zacarías, de apenas 36 años, era el juez Quinto del Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México. Dentro de su expediente como magistrado, llevó casos como la petición de extradición del narcotraficante Abigael González Valencia, 'El Cuini', señalado como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También llevó el expediente del líder del Cártel de los 'Zetas', Ángel Treviño Morales, 'Z-40', considerado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los capos del narcotráfico con una de las redes más sofisticadas para el traslado de drogas entre ambos países.

Su experiencia en el juzgado era tan relevante que se convirtió en uno de los responsables de investigar el caso de Gildardo López Astudillo, 'El Gil', acusado por la desaparición y presunta muerte de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Durante su gestión, el magistrado suspendió la extradición de Joaquín 'El Chapo' Guzmán a EE.UU., precisa 'El Universal'. El líder del Cártel de Sinaloa solicitó la aceleración de este proceso debido al supuesto maltrato al que estaba siendo sometido en la cárcel tras su recaptura el 8 de enero.

Dentro de los últimos casos que llegaron al Quinto Juzgado de Distrito, encabezado por Bermúdez Zacarías, está la investigación al empresario Naim Libien Kaui, dueño del periódico Unomásuno y a quien se acusa de defraudación fiscal.

Soldados mexicanos montan guardia junto a las armas incautadas a narcotraficantes o entregadas por residentes antes de ser destruidas en una zona militar en Ciudad de México, el 2 de septiembre de 2016
Soldados mexicanos montan guardia junto a las armas incautadas a narcotraficantes o entregadas por residentes antes de ser destruidas en una zona militar en Ciudad de México, el 2 de septiembre de 2016Henry RomeroReuters

De hecho, el pasado 8 de septiembre, el juez emitió un fallo donde declaró preso a Libien Kaui y días después se dio a conocer que uno de los hijos del empresario era acusado por el Departamento del Tesoro estadounidense de tener nexos con los cárteles del narcotráfico.

Horas después de que se conociera el asesinato, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con magistrados mexicanos y de 69 países más, donde lamentó el asesinato y pidió a la Ministra de Justicia, Arely Gómez, que la investigación se realice a nivel federal hasta encontrar a los responsables.

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Luis Aguilar Morales, exigió que el caso sea investigado y que las instituciones de seguridad garanticen las condiciones de seguridad para jueces y magistrados.

"Los jueces federales son personas que dedican su vida, su integridad personal, moral y física al servicio de la impartición de justicia federal en nuestro país, y se requiere que tengan las condiciones de seguridad y tranquilidad que garanticen su independencia", dijo el ministro de la Corte.

La reacción por el asesinato llegó también al Poder Legislativo. El presidente del Senado, Pablo Escudero, condenó los hechos y afirmó que el Poder Judicial tiene la posibilidad de impulsar la creación de una ley para crear la figura del 'juez sin rostro', como ha ocurrido en países como Colombia e Italia, que garantice la seguridad de los jueces.

David Ordaz

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