Este martes 1 de noviembre, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela dio marcha atrás en su decisión de organizar un juicio político al presidente constitucional de éste país latinoamericano, Nicolás Maduro Moros.
¿Qué motivó esta acción del sector opositor y qué consecuencias podría tener? En vista de la rapidez con la que se suceden los acontecimientos políticos en Venezuela, RT ha consultado varias opiniones en esta nación suramericana tras conocerse la noticia.
Héctor Rodríguez, diputado
"Primeramente tenemos que felicitar al presidente Nicolás Maduro por su constancia, por su paciencia estratégica y por apostar siempre por el diálogo. Pero también hay que reconocer el gesto valiente de un sector de la oposición que, sin titubeos, asumiendo los costos [políticos], ha dicho: 'nos sentamos en la mesa y asumimos el diálogo como único camino'", dijo Héctor Rodríguez tras conocer la decisión de la mayoría parlamentaria.
En opinión del diputado chavista, la asamblea ha decidido suspender un debate que "a todas luces era inconstitucional", debido a "la situación de desacato en que se encuentra el parlamento".
En este sentido, argumenta a RT que la oposición "ha querido citar al presidente" convocando figuras "que no existen en la Constitución". "No existe un solo artículo en el texto constitucional donde se diga que se puede citar al presidente que es Jefe de Gobierno y Jefe de Estado", recuerda.
Asimismo, critica el argumento bajo el cual se pretendió enjuiciar políticamente a Maduro: abandono de sus funciones.
"Es absurdo siquiera pensar que el presidente haya abandonado sus funciones. Alguien puede o no puede estar de acuerdo con su forma de gobernar, pero es público y notorio que el Presidente está en pleno ejercicio de sus funciones", sostiene.
Finalmente, Rodríguez afirma que, si bien los diputados de la Patria reconocen el gesto opositor de suspender esa medida, ellos quieren "dejar constancia de la ilegalidad e inconstitucionalidad del intento del Golpe de Estado que se pretendió dar en Venezuela".
María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista
"Me parece una decisión muy prudente en el marco del diálogo nacional que se ha iniciado, pero también es un reconocimiento de que ellos [la Asamblea Nacional] no tienen facultades para realizar un juicio político, porque no lo prevé la Constitución".
Explica la abogada que, de haberse concretado el mencionado juicio político, se habría "consumado un delito, ya que estaríamos en presencia de un Golpe de Estado contra el presidente".
Asimismo, agrega que la suspensión puede tener dos posibles explicaciones: "o se trata de un posible entendimiento entre los principales Poderes Públicos, un retroceder para avanzar; o bien ocurre que frente a la actuación de varios mecanismos constitucionales, [los diputados opositores] se dieron cuenta del delito que iban a cometer".
Braulio Álvarez, diputado
"Lo primero que debo decir es que la mayoría opositora asumió su desconocimiento del orden legal interno del país, ya que la figura del juicio político no tiene asidero en ninguna de las partes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", explica.
Álvarez asegura que "lo que ellos [la mayoría opositora] pretendían realizar contra Nicolás Maduro y ambicionar que él estuviera presente para 'informarlo de su destitución' se constituye en un adefesio político, sin sentido, si no hubiésemos denunciado que eso forma parte de un plan de Golpe de Estado".
Basem Tajeldine, experto en temas internacionales
"Mi primera impresión es que el propio juicio era un absurdo constitucional. En nuestra realidad jurídica no cabe esa figura. El destino de ese proceso era el fracaso y se realizó en un parlamento que se encuentra en desacato ante el Máximo Tribunal del país y el resto de los poderes públicos", explica.
Tajeldine detalla que el texto constitucional "no le otorga la facultad de enjuiciar políticamente al Jefe del Estado. Se trató de un asunto mediático para tratar de impactar en la prensa internacional y ofrecer argumentos para justificar lo injustificable: una invasión militar de Estados Unidos".
Desde ese punto de vista, el analista precisa que, de haberse planteado ese escenario, "es seguro que Rusia y China no aceptarían en el Consejo de Seguridad de ONU aprobar una resolución que violentaría el derecho internacional"
Según Basem Tajeldine, el parlamento termina reconociendo lo absurdo de su pretensión y lo que hacen es "atender una exigencia de Thomas Shannon, que es el verdadero interlocutor de la oposición venezolana".
Ernesto J. Navarro