Argentina mira al 'techo': Uno de cada diez habitantes vive en un asentamiento precario

El 1 de noviembre se presentó en el Congreso argentino el 'Relevamiento de Asentamientos Informales 2016' de la Organización No Gubernamental TECHO. Allí estuvieron presentes distintos funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri, así como también diputados de distintos partidos políticos.

Durante dos años TECHO, junto a distintas universidades del país, ha llevado a cabo una investigación sin precedentes, consistente en la georreferenciación y caracterización de las villas y asentamientos de Argentina. Toda esta información ha quedado reflejada en un informe y un mapa interactivo a disposición del público en general.

"El relevamiento que hizo TECHO es una información muy valiosa que, históricamente, no existe", explica la socióloga Denise Brikman en conversación con RT. En este sentido, subraya que "la vivienda informal se define por varias cosas: por la calidad constructiva, por el acceso a los servicios básicos, a veces en asentamientos o a veces dentro de la ciudad".

Aunque TECHO ya había realizado relevamientos similares en 2011 y 2013, el de este año fue más extenso, ya que abarcó territorios donde vive el 67% de la población argentina. Allí encontraron 2.432 asentamientos habitados por 650.685 familias. Según el informe, si se utiliza "la media nacional de 4,6 miembros por cada familia, al menos 2.993.151 personas" viven en asentamientos informales. lo que supone un 10% del total de la población.

"El problema de la vivienda es muy importante en Argentina, pero también es propio de la mayoría de las ciudades latinoamericanas", explica Brikman, que también integra el área de estudios urbanos del Instituto de Investigación Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Según explica, "las ciudades se construyen de manera formal e informal al mismo tiempo", dando la ciudad de esta forma "respuesta a la necesidad de vivienda a las personas que no lo hacen mediante el mercado".

Los problemas

El estudio de TECHO define al asentamiento informal como "un conjunto mínimo de ocho familias (agrupadas o contiguas), en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso regular a, por lo menos, dos de los servicios básicos (red de agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o sistema de eliminación de excretas a través de la red cloacal formal)".

Partiendo de esta definición, los autores del estudio encontraron que en un 72,6% de los asentamientos, los habitantes no acceden a la red formal de energía eléctrica y las conexiones suelen ser precarias, lo que genera con frecuencia cortocircuitos y peligros de incendio. Más grave es la situación en lo que respecta a la red de agua corriente y de "eliminación de excretas" (cloacas). En el primer caso el 95% no tiene acceso, mientras que el 98% debe conectar sus baños a un pozo o cámara séptica.

A estas deficiencias en infraestructura se añade el hecho de en el 60% de los asentamientos la más leve lluvia provoca que se inunden, mientras que en el 40% -debido a lo angosto o precario de las calles- no ingresa un camión recolector de basura. También el estudio destaca que "el 70% de los asentamientos tiene dentro de su barrio o a menos de 10 metros un factor de riesgo (el 23,3% una ribera de arroyo, el 16,2% un camino de alto tráfico, el 15,8% un basural y el 9,5% torres de alta tensión)".

Organizarse para mejorar el barrio

Aunque la situación es preocupante, la investigación da cuenta de un dato muy positivo: en el 72% de los asentamientos "los vecinos y vecinas se han organizado para mejorar su barrio y piensan que su rol es organizarse y participar activamente en la toma de decisiones en los procesos de mejora".

Para Brikman este es un dato a tener en cuenta a la hora de pensar políticas públicas para urbanizar los asentamientos. "Tienen mucho que aportar a esos procesos porque conocen los barrios y sus necesidades", dijo. Además "son los que crearon ciudad en territorios vacíos donde no había nada y es su derecho poder participar".

Según la investigadora "una de las características" que suele darse en estos territorios es el hecho de que "se dan procesos de organización ante la necesidad de solucionar problemas concretos más cotidianos", lo que "genera en muchos lugares mesas de urbanización y de trabajo". Brikman considera que "lo importante es legitimar esas instancias y apoyarse en ellas desde el Estado para avanzar en procesos reales de urbanización" para que los vecinos "sean parte de todo el proceso", es decir "del reconocimiento de los problemas, la planificación, pensar los proyectos como su ejecución y seguimiento".

Una casa informal, una vida informal

Como investigadora especializada en el tema, Brikman ha recorrido muchos de estos barrios y ha hablado con sus habitantes para entender sus problemas. "La informalidad atraviesa todas las dimensiones de la vida de las personas. Entonces cuando uno vive de manera informal porque la vivienda es informal, el entorno es informal, los problemas se potencian constantemente", apunta.

"De haber hecho entrevistas y conocer los barrios, veo que los problemas se repiten", dice. "Es común escuchar familias decir que porque tenían una gotera en su casa, llovía y se les inundaba. Que dormían todos en la misma habitación, que también era el comedor, entonces los chicos tenían problemas respiratorios y eso hacía que falten a clases", relata Brikman, subrayando que este problema "disminuía su calidad educativa" o, peor aún, "los obligaba a dejar el colegio lo que los paraba en peores condiciones a la hora de salir a buscar un trabajo o ingresar a la universidad".

"Ahí vemos como las deficiencias en la vivienda impactan en general en otros aspectos de la vida", concluye la experta, que recuerda que "la vivienda es un derecho, que está en la Constitución argentina pero también en decenas de tratados internacionales", aunque los Estados que se adhieren a esos tratados "luego no la garantizan", lamenta.

Santiago Mayor