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Los riesgos en la víspera de la paz: ¿Puede repetirse un genocidio político en Colombia?

Publicado: 1 dic 2016 11:11 GMT | Última actualización: 2 dic 2016 09:07 GMT

Las señales, aunque alarmantes, siguen relativemente veladas. El asesinato de líderes políticos y defensores de los derechos humanos no ha cesado en Colombia, aún cuando su presidente fue galardonado con el Premio Nobel de la paz. Los activistas ya lo advierten: la amenaza de un genocidio sigue latente.

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"El riesgo de que se repita la trágica experiencia de la UP está latente", sostiene la defensora de derechos humanos, Ana Teresa Bernal, en entrevista a RT.

UP son las siglas de la Unión Patriótica, un partido político de izquierda que fue víctima de un genocidio en la década de los ochenta: más de 4.000 de sus miembros fueron asesinados mientras transcurrían las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Belisario Betancourt.

Hoy, el país suramericano está en un proceso similar. El presidente Juan Manuel Santos -recientemente galardonado con el Premio Nobel de la Paz- emprendió conversaciones con el grupo guerrillero para ponerle punto final al conflicto armado de más de medio siglo. Sin embargo, los escollos no son pocos.

Reuters

Además del fracaso en el plebiscito que refrendó el primer acuerdo y la férrea oposición de grupos conservadores, la huella de la sangre sigue. Sólo este año, 70 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados. ¿Cuáles son los riesgos que ponen en veremos la ansiada paz para Colombia?

Estigmatización

La semana pasada fue alarmante. Tres dirigentes campesinos fueron asesinados en los conflictivos departamentos de Nariño Y Caquetá. Una comisión de Naciones Unidas (ONU) se trasladó a la zona para esclarecer los hechos mientras Santos advertía que las muertes eran el recordatorio de que la paz no requería más dilaciones.

La fiscalía, luego de las denuncias de varias organizaciones políticas  e indígenas, llamaron a declarar a un alcalde para que rindiera cuentas por el suceso porque, en su cuenta de Facebook, el edil había acusado a la asociación donde militaban las víctimas de querer "usurpar el espacio que deja la guerrilla en cuanto a la extorsión". La estigmatización, presume el Ministerio Público, pudo haber sido la condena de muerte para las víctimas.

Reuters

Pese a que la guerrilla y el gobierno firmaron un segundo acuerdo, que deberá ser refrendado ahora por el Congreso, el temor de los activistas sigue latente. "El Presidente Juan Manuel Santos debe actuar con diligencia y compromiso para frenar esta ola de violencia, de lo contrario todo el esfuerzo de la paz se habría perdido", advierte Bernal, Alta Consejera de víctimas, paz y reconciliación en Bogotá, y fundadora de Redepaz.

En los últimos cuatro años, al menos 127 líderes de la UP han sido asesinados. De acuerdo al Centro Nacional de Memoria Historia (CNMH), sólo en el mes de noviembre hubo cinco homicidios en contra de los dirigentes sociales Jhon Jairo Rodríguez Torrez, José Antonio Velasco, Erley Monroy, Didier Lozada y Rodrígo Cabrera. 

¿Quién le teme a la paz?

Para Bernal, los mayores desafíos para el proceso de paz tienen que ver con la seguridad de los líderes sociales y la población civil en general, así como con la voluntad política para la implementación del acuerdo: "Todos los funcionarios deben estar el servicio de este proceso de transformación de la sociedad".

La historia en Colombia, sin embargo, ha demostrado ser distinta. "Ha sido sistemática la violencia contra los defensores de derechos humanos y la falta voluntad política para frenar este flagelo", añade Bernal, tras recordar que en muchas ocasiones, miembros de al fuerza pública han actuado de manera conjunta con grupos ilegales para intimidar, amenazar o eliminar a los líderes sociales o miembros de grupos insurgentes.

La posible incorporación de las FARC a la vida política, en caso de que el acuerdo prospere, es un escenario que podría avivar aún más la conflictividad, en un país que se ha caracterizado por "la intolerancia política", sostiene la Alta Consejera.

Los enemigos de la paz, explica, no sólo se oponen a que se abra el abanico para la participación política, sino que "no quieren la verdad, no quieren la restitución de las tierras a los campesinos y menos unas transformaciones en la política agraria porque afecta sus intereses económicos".

Reuters

Las razones de esa oposición, más que políticas, son económicas: "La guerra también es un negocio que produce dividendos para algunos: narcotráfico, tráfico de armas, mejores prevendas a los militares", afirma. Por eso, para Colombia, la paz apenas está en ciernes. La firma del acuerdo es el principio.

Nazareth Balbás

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