El reciente decreto del presidente Donald Trump cuenta con varias omisiones en la lista de países cuyos ciudadanos no podrán ingresar en el territorio de Estados Unidos por motivos de seguridad nacional, opina Aryeh Neier, uno de los fundadores de la ONG Human Rights Watch, en su artículo para el diario británico 'The Guardian'.
Según recuerda el columnista, la mayoría de los secuestradores de los aviones utilizados para perpetrar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington eran sauditas. Pero sin embargo su país no merece ninguna mención en la orden ejecutiva del mandatario estadounidense.
Neier apunta que la negación de Trump a publicar sus declaraciones de impuestos y a deshacerse de sus negocios plantea preguntas sobre el decreto antimigratorio. "¿Evita Trump ofender a Arabia Saudita porque tiene relaciones comerciales con ricos sauditas? ¿O porque espera que le devuelvan el favor patrocinando su nuevo hotel en Washington? No lo sabemos", destaca.
Egipto tampoco forma parte de la lista, a pesar de que el líder de los autores del 11-S, Mohammed Atta, era ciudadano de ese país, subraya Neier, que también se pregunta si la exclusión de Egipto se debe a las buenas relaciones que Trump mantiene con el presidente Abdel Fattah al Sisi.
El defensor de los derechos humanos admite que prohibir entrar a EE.UU. a todos los sauditas y egipcios sería una "mala idea", y aclara que los solicitantes de estatus o visado de refugiado deberían ser considerados de manera individual. Sin embargo, Neier afirma que el decreto de Trump pone de relieve la arbitrariedad de trato hacia ciertos países cuyos ciudadanos no han tenido ningún papel en actos terroristas en EE.UU.
Al excluir a todos los refugiados de algunos países de mayoría musulmana, Trump desmerece todavía más la imagen de EE.UU. como un país donde las personas son tratadas con justicia independientemente de su raza, religión u origen, sostiene el columnista. "Si cree que eso aumentará la seguridad, se equivoca", concluye Neier.