Trump despide a la fiscal general en funciones por negarse a cumplir el decreto antimigratorio

Sally Yates desobedeció la orden del presidente estadounidense según cual se restringe la entrada y permanencia en EE.UU. de los ciudadanos de siete países musulmanes.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha despedido a la fiscal general en funciones, Sally Yates, por desobedecer la orden ejecutiva del mandatario. "La fiscal general en funciones, Sally Yates, ha traicionado el Departamento de Justicia al negarse a llevar a cabo la orden legal que busca proteger a los ciudadanos de Estados Unidos", según un comunicado de la Casa Blanca.

"La Sra. Yates es una persona designada por la Administración de Obama, es blanda en cuanto a las fronteras y muy blanda con la inmigración ilegal", reza el documento. "Es hora de ponernos serios en cuanto a la protección de nuestro país. Instar a examinar más minuciosamente a individuos que provienen de siete lugares peligrosos no es extremo. Es razonable y necesario para proteger nuestro país".

El fiscal de distrito oriental del estado de Virginia, Dana Boente, fue nombrado como nuevo jefe del Departamento de Justicia en sustitución de Yates. "Me siento honrado de servir al presidente Trump en este papel hasta que el senador [Jeff] Sessions sea confirmado. Defenderé y haré cumplir las leyes de nuestro país para garantizar que nuestro pueblo y nuestra nación son protegidos", dijo Boente como secretario general en funciones en un comunicado de prensa.

"No estoy convencida de que sea legal"

Yates fue relevada del cargo el lunes 30 de enero, solo unas horas después de que se difundiera la noticia según la cual dio a los abogados del Departamento de Justicia instrucciones de no defender el decreto del presidente sobre inmigración y refugiados.

"Soy la responsable de garantizar que las posturas que tomamos en el tribunal son coherentes con la solemne obligación de esta institución de buscar siempre la justicia y abogar por lo que es correcto", escribió en una carta citada por el periódico 'The New York Times'. "En estos momentos no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea coherente con esas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal".