El Gobierno español, dispuesto a acabar con el referéndum catalán: ¿hasta dónde podría llegar?

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha iniciado este lunes el juicio al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, por desobedecer al Tribunal Constitucional y celebrar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Sin embargo, lejos de desanimarse, los independentistas parecen decididos a mantener su pulso con el Gobierno español. "Nos querían arrodillados y nos encontrarán de pie", afirmaba Mas el domingo en una rueda de prensa previa a su enjuiciamiento.

Es la misma línea se posiciona el actual presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que se mantiene fiel en su idea de convocar un referéndum de independencia vinculante, como muy tarde en septiembre de 2017, tras el que las autoridades catalanas declararán una República independiente, si se pronuncia a favor de ello el 50% de los votantes más uno, con o sin el permiso del Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

El plan del Gobierno contra el referéndum

Sin embargo, los medios locales informaban la semana pasada de que Moncloa tiene previsto un plan con todas las actuaciones posibles para evitar que se celebre este referéndum. La estrategia implicaría a varios ministerios e incluye medidas jurídicas y coercitivas, como activar el artículo 155 de la Constitución española, que restringiría la autonomía de Cataluña.

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"Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general", reza el citado artículo.

Así, en este plan, que implica a los ministerios de Presidencia, Justicia, Interior y Educación, el Ejecutivo central estaría dispuesto a intervenir la Consejería de Educación catalana para precintar los colegios electorales, impidiendo su apertura el día de la votación, o hacerse con el mando de los Mossos d’Escuadra, la policía regional catalana.

"La democracia no se puede precintar, ni dejaremos que se precinte", replicaba Puigdemont a través de su cuenta de Twitter después de que fuentes del Palacio de la Moncloa informasen a la agencia Europa Press de la existencia de este plan.

No obstante, tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, como el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, evitaron el viernes confirmar las medidas que el Ejecutivo podría poner en marcha para responder a la consulta. Ambos coincidieron en señalar que "hay que aplicar la ley", pero llamaron al "diálogo" entre las partes dentro de la legalidad.

Por su parte, Joan González Fabra, miembro de la organización independentista Asamblea Nacional Catalana, sostiene que el expresidente de la región no cejó en su empeño de dialogar con el Gobierno de España.