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Guatemala: "Es un error comparar la justicia indígena con la occidental"

Publicado: 19 feb 2017 01:41 GMT

Los sectores empresariales guatemaltecos rechazan que las autoridades indígenas sean reconocidas por la Constitución, porque esto atenta contra sus intereses.

Guatemala: "Es un error comparar la justicia indígena con la occidental"
Johan Ordonez / AFP
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Comparar la justicia indígena guatemalteca con el sistema jurídico continental (romano-germánico) pudiera ser un error, considera el director de la Comisión Internacional de Juristas de Centroamérica, Ramón Cadena, en entrevista con RT.

"El sistema jurídico indígena tiene su propia metodología, sus propios valores, principios y forma de operar. No debemos pretender que tenga que llenar todos los requisitos del sistema occidental", afirma este abogado con más de 25 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos.

Estas declaraciones las realiza a propósito de la propuesta de modificación del artículo 203 de la Constitución de ese país, que desconoce cualquier forma de administración de justicia que no provenga de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales.

Voces en contra

En este contexto, el sector empresarial, agrupado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), "la mayor y más poderosa agrupación patronal de Guatemala", que según varios estudios tiene más peso en las decisiones que se toman en el Congreso guatemalteco que los propios partidos políticos, se muestra abiertamente en contra.

"El sector empresarial basa su ataque en que el sistema jurídico indígena no puede cumplir con requisitos que tiene el sistema occidental. Eso es una falacia, creo que el sistema occidental tiene fallas: impunidad grave, falta de acceso a la justicia, que solo alcanza a los que tienen dinero y castiga a quienes no tienen recursos", opina.

Al hacer un recuento de otras negativas de los sectores poderosos, recuerda que ya se opusieron a propuestas jurídicas en beneficio de los grupos más vulnerables (mujeres, personas en situación de pobreza, campesinos, indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad) y a un marco legal para solucionar conflictos agrarios caracterizados por "la distribución inequitativa de los recursos, impunidad, superpoblación, pobreza y desempleo, discriminación y racismo, cultura de violencia, exclusión social, indiferencia del Estado, cambio de uso de la tierra y efectos del cambio climático", según Prensa Libre.

"El sector empresarial siempre se ha opuesto a los cambios y a las reformas que el país necesita, a los compromisos de los acuerdos de paz", establecidos entre 1991 y 1996, luego del conflicto armado (1960-1996) que en 36 años dejó una cifra oficial de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos.

¿Por qué los empresarios se niegan?

"Hay una dosis importante de racismo, niegan la realidad que se da en Guatemala (39,8% de la población se considera indígena), la existencia de una cultura diferente a la occidental", considera.

Este abogado, que también formó parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, piensa que los empresarios defienden sus intereses económicos relacionados con la explotación de recursos naturales.

"Es la imposición de un modelo económico fundamentado en la libre empresa y saben que los pueblos indígenas hacen una defensa férrea de sus recursos naturales y sus tierras".

Si bien existen otras normas constitucionales más generales que reconocen los diferentes valores y prácticas de los pueblos indígenas, aclara, "es necesario hacer este reconocimiento específico".

Toda esta discusión, que aún no concluye en el Congreso guatemalteco, "al final va a tener repercusiones positivas, porque creo que los pueblos han podido discutir y analizar más su problemática. Esto finalmente va a permitir que se unan más los pueblos indígenas y que puedan hacer un frente común para luchar por sus intereses".

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