'¿Acuso o archivo?': Difícil decisión de la justicia en un escandaloso caso de corrupción

Este 17 de marzo termina el plazo reservado para la investigación contra  José Sócrates, quien fuera el jefe del Gobierno de Portugal entre los años 2005 y 2011. La fecha fue anunciada oficialmente por la Procuraduría General de la República, aunque no se descarta que los fiscales pidan una prórroga después de más de tres años de pesquisa.

El principal episodio criminal que le imputan es la denominada 'Operación Marqués', que suponía el blanqueo en Suiza de 23 millones de euros de supuestos sobornos por un amigo de infancia de Sócrates, Carlos Silva Santos. En la causa figuran también otros testaferros. Para principios de este mes la investigación contaba con 25 acusados, entre ellos 19 individuos y 6 colectivos, según 'Diário de Notícias'.

El Ministerio Público luso desenredó un circuito de transferencias y cuentas bancarias que condujo a sus investigadores al político, pero no se atrevía a presentarle cargos desde noviembre del 2014, cuando un juez ordenó la detención de Sócrates por presunta corrupción. Estuvo nueve meses en custodia y otros dos bajo arresto domiciliario, hasta octubre del 2015, cuando lo pusieron en libertad condicional.

Gran parte de aquellos 23 millones provenían de empresas ligadas al Grupo Espírito Santo, la entidad financiera más poderosa del país. Presuntamente, sus dirigentes y propietarios recibieron beneficios de José Sócrates durante su mandato y se lo remuneraron. Por eso, entre los imputados dentro del caso de la Operación Marqués se encuentra también el entonces presidente ejecutivo del Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, procesado de momento dentro de otras dos causas penales.

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"Será difícil que tanto Ricardo Salgado como José Sócrates consigan salir indemnes de tan crítico desafío judicial", asegura el columnista Daniel Toledo, quien redactó un detallado artículo sobre el tema para el blog 'Contexto y acción'. Sin embargo, el mes pasado Sócrates ya pasó de defenderse a atacar y no a magistrados o indagadores concretos, sino al país entero.

"Si el Estado no archiva ni acusa, acuso yo", amenazó el exgobernante en una rueda de prensa. "El plazo más largo previsto por el Código Penal es de 18 meses —alegó—. Esta investigación dura ya 42". Encargó a sus abogados preparar una demanda contra Portugal por difamación.

El 13 de marzo Sócrates fue por última vez interrogado durante 6 horas dentro de la mencionada causa. La declaración no terminó en ninguna acción procesal. "Presentamos la acusación o archivamos el caso": esta es la opción que los fiscales afrontan ahora objetivamente. A lo mejor, ya tienen la respuesta, que divulgarán en cuestión de horas.