Los fiscales federales de Corea del Sur solicitarán una orden de arresto contra la exmandataria del país, Park Geun-hye, acusada de tráfico de influencias y corrupción durante su mandato presidencial, informa Bloomberg. La solicitud la presentarán en la Corte del Distrito Central de Seúl, aseguraron este lunes los fiscales en un mensaje.
Según los fiscales, esta medida estaría justificada, debido al riesgo de que Park Geun-hye, que niega haber llevado a cabo actividades fraudulentas, destruya pruebas.
Algunos socios de la expresidenta ya están siendo procesados por su papel en el escándalo, que condujo a la destitución de Park Geun-hye el pasado 10 de marzo por decisión del Tribunal Constitucional de Corea del Sur. La misma expresidenta fue interrogada la semana pasada durante más de 14 horas en relación al caso.
Un escándalo al máximo nivel
Park está acusada de incumplir la Constitución y otras leyes, delegando funciones estatales en su amiga Choi Soon-sil, que, sin tener ningún cargo en el Gobierno, intervenía en las decisiones más importantes del Estado, incluidos los nombramientos de altos cargos. La misma expresidenta reconoció que tenía en cuenta los consejos de su amiga hasta en la redacción de discursos presidenciales. Cuando estalló el escándalo, Park Geun-hye dijo estar dispuesta a asumir la responsabilidad por el caso.
Cuando estalló el caso, decenas de miles de surcoreanos salieron a la calle en marchas y protestas. Aunque en un primer momento exigían la destitución de la presidenta, luego surgieron otras marchas contra la decisión del Tribunal y en apoyo a Park Geun-hye. Por ejemplo, el 11 de marzo, un día después de la destitución de la presidenta, las protestas, integradas por más de 200.000 personas, derivaron en fuertes enfrentamientos con la Policía que dejaron tres muertos, entre ellos un anciano de 72 años.
Si prospera la petición, Park Geun-hye puede convertirse en la tercera exmandataria del país que acaba entre rejas. En los años 90 Chun Doo-hwan fue condenado a la pena capital y Roh Tae-woo a 22 años de prisión. Ambos exmandatarios fueron luego indultados.