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México: indígenas denuncian intromisión de Policía para implementar autoridades afines a Peña Nieto

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La Policía del Gobierno del estado de México ha entrado en la localidad de Xochicuautla en reiteradas ocasiones para rodear las asambleas comunales donde se decide si una autopista pasará por los bosques de esta comunidad indígena.
México: indígenas denuncian intromisión de Policía para implementar autoridades afines a Peña Nieto

Xochicuautla es un pueblo indígena mexicano incrustado en la entrada de la Sierra de las Cruces, oficialmente llamada por el gobierno del estado de México 'Bosque Otomí-Mexica'.

Sus habitantes son defensores del gran macizo arbolado que da agua, aire y bienes ambientales a la Ciudad de México y a la ciudad de Toluca.

En este 2017 se cumplen diez años de que los indígenas de esta población, donde los mayores todavía conservan su lengua y sus rituales pese a la cercanía de las dos grandes ciudades, se dieran cuenta de que ingenieros subían a su territorio para explorar el terreno.

Nadie les consultó ni les dijo que el hoy presidente, Enrique Peña Nieto, entonces gobernador de la entidad, planeaba construir una autopista para unir el aeropuerto de Toluca con la exclusiva zona de Interlomas, en el municipio de Huixquilucan.

Tampoco supieron, sino hasta muchos años después, que la obra fue concesionada a la corporación Grupo Higa, propiedad de Armando Hinojosa Cantú, protagonista de fuertes acusaciones de corrupción, como el del supuesto regalo de una casa a la actual primera dama, Angélica Rivera.

Autoridades afines

Desde entonces, y para lograr imponer la autopista en este bosque, el gobierno del estado de México y la empresa se han valido de constante ingreso de policías para acompañar maquinaria que tale los bosques en contubernio con el comisariado de bienes comunales local.

"Antes nos veíamos como hermanos y vecinos. Este proyecto vino a dividirnos", cuenta Alicia Bustamante, vocera de las mujeres de Xochicuautla.

Este lunes 24 de abril, decenas de policías del gobierno del estado de México arribaron a la población para vigilar una asamblea en la que comuneros registrados elegirían a su próximo representante. Llegaron en la mañana y estacionaron sus vehículos cerca del jardín de niños de la población, lo que, denuncian los comuneros, causó pánico en los infantes. La Policía revisó a los comuneros que estaban en la asamblea, y a algunos se les impidió el paso.

Hace casi un año, el hogar al pie de la montaña del médico del pueblo y representante por usos y costumbres, Armando García, fue derribado por la maquinaria del Grupo Higa, con la participación de policías y ante la impotencia de la población.

En el aniversario de este evento, intelectuales, documentalistas y personas de la comunidad reflexionaron sobre los efectos que ha tenido este proyecto de autopista sobre Xochicuautla.

Hace dos años, el doctor Armando y una decena más de comuneros fueron encarcelados. En tres años, dos decenas de personas de la comunidad han pisado prisión por interponerse entre su bosque, sus hogares, y las máquinas.

El mismo partido

El estado de México, donde se encuentra Xochicuautla, ha estado gobernado por casi un siglo por una misma agrupación política, el Partido Revolucionario Institucional. El propio Enrique Peña Nieto viene de una familia que tiene el control político de la entidad y del partido. Con la enorme cantidad de votos del estado llegaron a la presidencia. El estar en esta entidad, cuna del poder político mexicano, ha hecho de Xochicuautla un pueblo famoso en todo el país por su resistencia indígena.

Sin embargo, en 2015 el presidente Peña Nieto expropió 38 hectáreas de los terrenos boscosos del pueblo para construir la mencionada autopista. Desde entonces, el gobierno ha avanzado en un 60% la construcción de la vía en sus dos puntas.

Además, Bustamente advierte que un posible triunfo de Alfredo del Mazo, primo de Peña Nieto, en las elecciones para gobernador de la entidad, que se desarrollarán dentro de dos meses, podría dar continuidad a este proyecto y haría peligrar a las comunidades otomíes.

"Los responsables primero es el gobierno junto con las empresas que vienen detrás de él. Quieren pasar sus proyectos, y las empresas. El gobierno le permite y da los permisos, enseña dónde explorar y robar", añade.

Bustamante cuenta que las autoridades locales que ahora permiten el paso de la autopista realmente no existían en los pueblos de México, sino que fueron impuestas hace treinta años para cobrar impuestos a las comunidades y tomar decisiones más fácilmente sobre su territorio.

En sus asambleas, estas autoridades cercanas al gobierno deciden por todo el pueblo y han repartido dádivas que han dividido la comunidad, opina Bustamante.

Al final de la asamblea de este lunes 24 de abril, personas afines al Partido Revolucionario Institucional conservaron con solo 250 votos la autoridad local reconocida por el gobierno.

El sector de la población que insiste en la defensa del bosque lanzó un comunicado que versa: "Una vez más la corrupción, la ambición, el abuso de poder, se refleja en nuestra comunidad al obtener la mayoría de votos e imponer a personas que le dan seguimiento a la corrupción y sirven para tapar las anomalías de la representación de bienes comunales salientes".

"Ellos tomaron la decisión. Dicen que es progreso para la comunidad, pero solo para unos cuantos. La empresa les ha dado mucho apoyo, algo que corresponde a todo el pueblo", asevera Bustamante.

Al-Dabi Olvera

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