Sociedad
Así se vive en la entidad mexicana donde el mismo partido ha gobernado durante 75 años
RT ha hablado con la única organización civil independiente de la entidad sobre la situación real que atraviesa el estado de México.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dominó la vida mexicana en un sistema de partido hegemónico durante el siglo XX, nunca ha perdido una elección en el superpoblado estado de México.
El Edomex, como se le conoce popularmente, cuenta con 17 millones de habitantes y rodea la Ciudad de México, aunque también tiene un amplio número de poblaciones campesinas e indígenas.
Durante 75 años la entidad, donde nació y gobernó el presidente Enrique Peña Nieto (2005-2011), ha sido el principal bastión de votos del PRI, a pesar de la rampante pobreza, violencia y represión que sus habitantes viven en las dos últimas décadas.
El portal de noticias Sin Embargo publicó una serie de investigaciones exhaustivas sobre la entidad. De acuerdo con el sitio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en 2015, el Edomex registró 3.005 asesinatos violentos. El Índice Global de Impunidad 2016, elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla, arroja el dato de que en el Edomex solo son denunciados ocho de cada 100 delitos.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Edomex generó más pobres que ningún otro Estado en 2014. Además, en la entidad hay un total de 8.269.852 personas que sufren de rezago en materias de educación, seguridad social, servicios de salud, vivienda y alimentación.
En su informe de gestión de 2015, el actual gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, aseguró ante preguntas de los cibernautas que usaron la etiqueta #EruvielTeResponde, que su gobierno trabaja para combatir la inseguridad y destacó la inversión extranjera, la calidad de los servicios educativos y la creación de infraestructura.
Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, la única organización civil independiente de la entidad —que cumple cuatro años de trabajo en este mes— cuenta a RT que, a pesar de estos anuncios, el estado de México se encuentra empañado por un clima de violencia, especialmente en los municipios más poblados y metropolitanos.
"Es una conflictividad fuerte por el actuar del crimen organizado pero también en la zona metropolitana hay un incremento fuerte de la delincuencia común derivado de las oportunidades laborales y el desplome económico empuja a un sector de los jóvenes" a aquellas prácticas, afirma Ladrillero, "lo cual agrava la violencia cotidiana".
Asimismo, Lara explica que el hecho de que el mismo partido controle los sectores económicamente productivos —transporte, mercado informal, comercios, tierras, etc.— provoca que el desarrollo económico se concentre en los sectores cercanos al partido hegemónico.
El defensor de los derechos humanos identifica dos métodos del PRI para mantenerse en el poder durante tantos años: el corporativismo, es decir, que todos los sectores sociales del estado de México tienen que estar enganchados al poder, lo cual se logra con aplicación de recursos del Estado, públicos, otorgado como dádivas; y la represión directa contra opositores.
Feminicidios y Tlatlaya
Además del crimen común y la pobreza, el estado de México vive otros dos graves problemas: feminicidios y violaciones a derechos humanos.
La Secretaría de Gobernación federal activó en julio de 2015 la alerta de género para 11 de los 125 municipios del estado. Desde entonces, la entidad registró 90 casos. La alerta tardó cuatro años y medio en ser implementada desde que las organizaciones civiles la pidieron.
Durante el arranque de la campaña gubernamental No Dejemos que las Arranquen de Nuestas Vidas el pasado mes de mayo, Eruviel Ávila dio cifras: las autoridades cuentan con 247 carpetas de investigación por feminicidio y se han dictado 74 sentencias condenatorias. También destacó que la entidad fue la primera en tipificar el feminicidio dentro del Código Penal.
Respecto a los derechos humanos, hace poco más de dos años los militares ejecutaron en el municipio de Tlatlaya a 22 civiles en circunstancias poco claras. Eruviel Ávila reconoció el 1 de julio la labor de las Fuerzas Armadas y habló de "legítima defensa". En septiembre de ese 2014, Associated Press y 'Esquire' entrevistaron a supervivientes que denunciaron ejecuciones extrajudiciales.
"Al poco tiempo que la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) emitió su recomendación, la aceptó el gobierno del estado de México y hoy día están siendo procesados ocho elementos de la procuraduría (policías ministeriales y peritos) en espera que el juez imponga una sanción ejemplar en la materia, se recomendó capacitación, reparación del daño ya se hizo un ofrecimiento a las víctimas de este incidente lamentable", afirmó Ávila sobre el caso Tlatlaya durante su cuarto informe de gobierno.
Hasta hoy, seis militares fueron absueltos y uno cumple una condena de un año. Y por "desobediencia", no precisamente por lo sucedido.
Desde Atenco
"Hay zonas y territorios donde las personas tienen conquistas en términos de realizar sus actividades prescindiendo del partido en el poder, y eso es relativamente nuevo en el estado", opina Antonio Lara.
Estos pueblos se oponen a desarrollos carreteros, industrias en sus bosques y privatización de su agua. Por esa oposición, sufren persecución y represión continua.
Los días 3 y 4 de mayo del 2006 el entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, ordenó la entrada de 2.500 policías al poblado de San Salvador Atenco para resolver un conflicto entre el municipio de Texcoco y floricultores. Dos muertos, más de 200 detenciones y denuncias por tortura sexual cometida por la Policía fueron el saldo de aquel operativo.
Otros pueblos como los indígenas otomíes de Xochicuautla y Huitzizilapan se oponen a la construcción de una autopista en sus bosques. La obra fue concesionada durante la gubernatura de Peña Nieto a Grupo Higa, propiedad de Armando Hinojosa Cantú, protagonista del escándalo de la Casa Blanca. Algunos otomíes han perdido sus hogares y han sido detenidos en diversas ocasiones por la Policía estatal, como muestra el siguiente video del colectivo Másde131:
Lara relata que otros pueblos como Coyotepec y Tecamac enfrentan intentos de privatización de su agua y el pueblo de Tlanixco, del municipio de Tenango del Valle, tiene encarcelados a seis habitantes desde hace más de diez años justo por la defensa de su agua que comenzó en 2003.
En total,el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ha documentado 150 agresiones contra defensores de derechos humanos en lo que va del gobierno de Ávila.
La alternancia no es garantía
El próximo año habrá elecciones en el estado de México. De acuerdo con esta nota del diario 'Excelsior', 3,8 millones de personas viven en municipios donde nunca ha perdido el PRI, la mayoría son mexiquenses.
El Grupo Altacomulco, un término usado por la prensa en México para designar relaciones familiares y económicas de quienes detentan el poder hoy en la entidad, es la facción del PRI que gobierna actualmente.
A este grupo pertenecerían exgobernadores como Arturo Montiel, el propio Peña Nieto y Alfredo del Mazo, actual senador, posible futuro candidato a las próximas elecciones de 2017. El abuelo y el padre de Alfredo del Mazo fueron gobernadores y tienen lazos familiares con Enrique Peña Nieto.
Pero para Lara, el despojo de tierras, agua y bosque ha hecho que surja una red de pueblos y organizaciones civiles inédita en la entidad. Esta red creció a raíz de la promulgación de la Ley Regular del uso de la Fuerza Pública, o Ley Eruviel, diseñada con la complicidad de todos los partidos en la entidad y que permite a la Policía disparar armas de fuego contra manifestantes.
"El Grupo Atlacomulco ha transmitido esta forma de gobernar a todo el país, y desde ahí se plantea la política de control de población y tienen décadas aplicando", opina Lara, quien considera posible una alternancia en el poder en 2017: "La posibilidad de una alternancia se abre por la deslegitimación del gobierno priísta pero hay que ser cuidadosos: eso no significa que sea una posibilidad ni garantice la democracia en este estado".
Para Lara, el cambio se notará en estos lugares a largo plazo y no como resultado de la política electoral.
Aldabi Olvera
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