El Gobierno mexicano gasta 20 veces más en seguridad y oculta en qué invierte dichos recursos

El pasado mes de marzo se colocó como el mes con más homicidios dolosos en México en lo que va de la administración del mandatario Enrique Peña Nieto, al alcanzar 2.020 carpetas de investigación de estos delitos. La cifra se asemeja al máximo histórico del gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), sexenio en el que ocurrió la llamada 'Guerra contra el Narcotráfico', donde se contabilizaron 2.038 y 2.131 homicidios en los meses de junio y julio de 2011, respectivamente.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México (SESNSP), no se habían registrado más de 2.000 de estos asesinatos hasta el pasado mes de marzo. Asimismo, el primer trimestre de 2017, y en comparación con los años en que el presidente Peña Nieto ha estado a cargo del Ejecutivo Federal, también arrojó las cifras más elevadas de todas: 5.775 denuncias por homicidio intencional; en 2016, se registraron 4.464; en 2015, fueron 3.862; en 2014; hubo 4.089; y 2013, el primer año de la administración del actual presidente, se registraron 4.590 casos.

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A estas cifras desgarradoras se suma el presupuesto 'discrecional' del Gobierno de Enrique Peña Nieto conocido como la 'partida 33701 Gastos de Seguridad Pública Nacional', misma que creció 20 veces tan solo en 2016, el año más violento de la gestión del mandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gasto de 18.539 millones de pesos (más de 967 millones de dólares) se usa sin justificación y sin cumplir con las premisas de "urgencia, riesgo y confidencialidad extrema", que recomienda la definición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP).

A pesar de que el Congreso mexicano aprobó un presupuesto en materia de seguridad por 796 millones de pesos (más 41 millones de dólares), el Gobierno de Enrique Peña Nieto terminó gastando 18.539 millones de pesos. La argumentación de la Administración federal es que no se puede hacer público ni detallar el origen del total de recursos, ya que es considerado una cuestión de "seguridad pública y nacional". Tampoco detallan por qué cada año, durante la administración del presidente Peña Nieto, incrementan entre un 10% y un 20% el presupuesto en seguridad, asignado inicialmente por la Cámara de Diputados.

Los únicos datos disponibles sobre el uso de esta 'partida opaca' es la descripción del gasto destinado por dependencia que entrega la SHCP a la Cuenta Pública de México, entre las que se hallan: "Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción", "justicia militar", "defensa de la integridad", la Independencia y la soberanía del territorio nacional", "servicios de inteligencia" y "operativos para la prevención y disuasión del delito".

José Luis Montenegro