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La guerra de los “ñoquis”: Debates sobre el empleo público en Argentina

Publicado: 24 may 2017 05:05 GMT | Última actualización: 24 may 2017 13:00 GMT

El Gobierno argentino firmó un acuerdo con uno de los sindicatos de trabajadores estatales donde ata el salario a la productividad y asistencia, lo que desencadenó una serie de protestas.

La guerra de los “ñoquis”: Debates sobre el empleo público en Argentina
Marcos Brindicci / Reuters
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Hace unos días la Unión Personal Civil de la Nación (UCPN), uno de los sindicatos de empleados públicos argentinos, firmó un acuerdo con el Gobierno. El mismo supuso un aumento salarial del 20% en tres etapas. Además se incluyó la posibilidad de reducir el sueldo en función de los niveles de "productividad", así como la asistencia al lugar de trabajo.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), otro de los sindicatos, cuestionaron duramente este convenio que se aplicará a todos los funcionarios. "Un aumento del 20% en tres cuotas anualizado se va a convertir en un acuerdo del 17% porque la inflación este año no va a ser menor al 25%", dijo citado por el portal 'Infogremiales' Hugo Godoy, secretario general del gremio.

Por ese motivo y ante "la actitud del gobierno de Mauricio Macri de arreglar la paritaria con su tradicional gremio amigo", desde ATE convocaron una "medida de fuerza para el próximo 24 de mayo", que implicará un cese de actividades. Reclaman un aumento salarial del 38%.

La trampa del presentismo 

Durante 2016 el gobierno de Macri dio una batalla contra los supuestos "ñoquis" (nombre que se les da en Argentina a las personas que cobran un sueldo pero no van a trabajar). A partir de esa premisa se llevó a cabo el despido de al menos 10.000 trabajadores de la Administración pública.

Sin embargo este dato oficial era el que se difundió en abril del año pasado (el resto del año se incrementó), e incluía exclusivamente a quienes poseían contratos precarios. De hecho los funcionarios gubernamentales sostuvieron que se trataba de un "cese de contratos" y no de despidos. Por lo que, en realidad, se apuntó contra los trabajadores con condiciones laborales más débiles. 

Sobre ese argumento y el de generar una "dotación óptima del personal" se implementó esta política. Y el acuerdo con UPCN incluye una cláusula de presentismo que se inscribe en la misma lógica.

Marcos Brindicci / Reuters

El presentismo supone, de hecho, el recorte de derechos adquiridos: los trabajadores verán reducido su salario si faltan a trabajar, aun cuando esto esté justificado por enfermedad propia o la de algún familiar. Hasta ahora, si un médico certificaba que el trabajador se había enfermado, esa ausencia estaba permitida.

Actualmente los empleados públicos también cuentan con seis días al año para realizar trámites, ya sea bancarios, de documentación, etc. Estos también restarán el sueldo a fin de mes y se está considerando si incluir o no la licencia por maternidad. Solo no restarán en términos de salario las vacaciones y los días "de estudio" que se pueden pedir los trabajadores que estén realizando una carrera y deban rendir exámenes.

Tamaño y calidad del Estado

Otra de las discusiones que instaló el Gobierno que asumió en Argentina en diciembre del 2015 estuvo relacionada con la idea de que la estructura estatal era muy grande. Por ese motivo, argumentaban, había que reducir su plantilla de trabajadores. 

No obstante, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el porcentaje de empleo público argentino representa casi el 17% del total. Este número es apenas superior al 16% de EE.UU. y está por debajo de países desarrollados como Noruega (35%), Dinamarca (35%), Suecia (27%), Luxemburgo (26%), Reino Unido (23%), Bélgica (21%), Canadá (20%) y Francia (20%).

Marcos Brindicci / Reuters

A esto hay que sumar que, paradójicamente, la plantilla de trabajadores de la administración pública creció durante la gestión de Macri. Así lo atestiguan las estadísticas del propio Ministerio de Trabajo argentino. Mientras que en noviembre del 2015 el total de empleados del Estado Nacional y las provincias ascendía a 3.091.100 personas, para febrero del 2017 ese número se elevó a 3.125.000.

"Contrario a la retórica de achicar el Estado, hay más trabajadores que cuando asumieron", puntualizó el economista de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Wahren. En diálogo con RT analizó que "dónde sí hubo un golpe a los trabajadores estatales es en el tema del salario". El año pasado el aumento "fue del 31% con una inflación del 41% y este año va a ser del 20% con una inflación por encima de esos valores". Con lo cual "son dos años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo", concluyó.

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