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Rajoy, obligado por la Audiencia Nacional a declarar presencialmente por el caso Gürtel

Publicado: 30 may 2017 10:47 GMT | Última actualización: 30 may 2017 12:25 GMT

El presidente español declarará ante el tribunal que juzga la primera época de la Gürtel el próximo 26 de julio.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España / Sergio Perez / Reuters
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Finalmente, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, no podrá declarar por videoconferencia como testigo en el juicio de la Gürtel, tal y como había solicitado el Partido Popular (PP). La Audiencia Nacional ha acordado este martes que Rajoy declare presencialmente ante el tribunal el próximo 26 de julio, según informa la cadena SER

El pasado 18 de abril, el tribunal que juzga la primera época de la Gürtel (1999-2005) acordaba que el presidente del Ejecutivo español debía comparecer como testigo, a pesar del rechazo expresado por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que consideraban "inútil y redundante" citar a Rajoy porque tanto la 'caja b' del PP como el beneficio obtenido "ya están acreditados".

La decisión de los magistrados no tenía precedentes en la historia de España, ya que es la primera vez que un presidente del Gobierno es citado a declarar en un juicio oral. Por ello, el Partido Popular (PP), acusado como partícipe a título lucrativo en el juicio, solicitó por escrito al tribunal que la declaración de Rajoy en la vista fuera a través de videoconferencia. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha descartado por mayoría este martes esa posibilidad, y cita al presidente del Gobierno para que declare presencialmente el próximo 26 de julio a las 9,30 de la mañana. 

La primera época de la Gürtel

El juicio de la denominada "Epoca I de la Gürtel", que comenzó el pasado mes de octubre, juzga las operaciones que el presunto cabecilla de la red, el empresario Francisco Correa, desarrolló entre los años 1999 y 2005 con ayuda del exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo.

Según la Fiscalía, Correa y Crespo organizaron un entramado de sociedades, utilizando sus contactos con responsables del PP, para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos, mediante el pago de comisiones y dádivas, y ocultaron además al fisco las ganancias, que ascienden a más de 40 millones de euros.

Posteriormente, Francisco Correa habría supuestamente sufragado de manera indebida campañas electorales del PP en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, y Castilla y León, entre otros. Por todo ello, la acusación popular Adade (Asociación de Abogados Demócratas por Europa) solicitó la comparecencia de Rajoy en el juicio, argumentando que en esa época había sido el secretario general del partido y, por tanto, debía conocer las actividades del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

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