Pese a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que supone una elección universal de sus integrantes, la oposición venezolana ha anunciado el incremento de las acciones violentas.
En entrevista con RT, el politólogo y sociólogo argentino Atilio Borón, estima que el Gobierno legítimo de Venezuela tiene la obligación de hacer frente a los violentos y de detenerlos antes de que se desencadene una guerra civil.
RT: ¿Cuál es el interés de Estados Unidos para intervenir en la situación interna de Venezuela?
AB: Eso está absolutamente claro. El único interés que EE.UU. tiene por Venezuela es apoderarse del petróleo. No tiene ningún otro. Ni la democracia, ni los derechos humanos ni la justicia tienen para Washington el menor interés. Y eso es válido no solo para el caso venezolano, sino para la mayoría de los países en los que utilizó su potencial de destrucción y de desestabilización, como ya ocurrió en los países del Medio Oriente, América Latina y en otras partes del mundo.
RT: En relación a Venezuela, la OEA actúa en una dirección y la CELAC en otra. ¿Se podrá avanzar hacia una solución política al conflicto?
AB: ¡Sí!, siempre que la oposición venezolana deja de estar hegemonizada por la fracción terrorista. Esa oposición se compone de dos sectores: uno, desgraciadamente minoritario y muy débil, que tiene interés en una solución política, porque es consciente del peligro de una desintegración nacional y otro que, desgraciadamente, es el hegemónico y cree que la violencia, la sedición, los saqueos, los incendios y los ataques son la única manera de resolver la crisis actual.
El Gobierno ha hecho una convocatoria a una elección constituyente, que debería ser aceptada. Pese a ello, la oposición no quiere saber nada de las elecciones y la ultra reaccionaria Conferencia Episcopal Venezolana se ha opuesto también a este llamado a elecciones, que podría ser la salida pacífica a la crisis. Esto sorprende porque, además, la oposición dice contar con el apoyo mayoritario de la población y, sin embargo, rehúsa a medir fuerzas en el terreno electoral.
Para que exista una solución pacífica se requieren dos partes en condiciones de dialogar. Por desgracia, la fracción terrorista de la oposición es la que tiene la voz de mando e intimida a los sectores que sí quieren dialogar con el Gobierno, pero que temen las represalias a las que se verían sometidos por los violentos.
RT: Usted ha sostenido que el Gobierno venezolano debe actuar militarmente frente a los violentos ¿Es la última solución?
AB: Tomemos por ejemplo a Estados Unidos durante la lucha por los derechos de la población afroamericana, los derechos civiles o en contra de la Guerra de Vietnam. Cuando se producían desmanes, mucho menos graves que los que hoy vemos en Venezuela, la Guardia Nacional salía a enfrentar a los revoltosos y, en muchas ocasiones, los reducían apelando al uso de las armas.
Desgraciadamente, la idea de que se pueden detener todos estos desmanes apelando simplemente a los llamados a la paz, a evitar los saqueos, los enfrentamientos o los asesinatos, parece no alcanzar para disuadir a los violentos. Si hubiese opciones que pudieran reducir a los violentos sin apelar a las armas, yo sería el primero en apoyarlas. Pero cuando uno mira lo que pasó en Estados Unidos y lo que ha pasado en tantos otros lugares en donde, ante intentos de ese tipo, en donde se desata una violencia criminal que puede finalmente desembocar en una guerra civil, lamentablemente, la única opción que ha habido fue la de utilizar todo el poder represivo del Estado para restaurar el orden y, a partir de allí, llegar a hacer los acuerdos necesarios para superar pacíficamente la crisis.
RT: ¿Por qué cree que está amenazada la integridad nacional de Venezuela?
AB: Que no le quepa a nadie la menor duda de que, en el caso de derrocamiento violento del Gobierno de Nicolás Maduro, la oposición venezolana, que en un gesto antipatriótico pide la intervención del Comando Sur, simplemente va a declinar la soberanía ante Estados Unidos. Y con el riesgo, hipotético digo, de convertirse en el estado 51 de la unión americana, porque una vez que el gigante del Norte se apodere del petróleo norteamericano no lo abandonará jamás.
Por eso hablamos de una oposición profundamente neocolonial que desprecia la historia del bravo pueblo venezolano y que, en su abyección, está dispuesta a entregar Venezuela a los norteamericanos.
Por eso Estados Unidos está tan activo apoyando a sus peones dentro del territorio venezolano.
RT: De asumir una salida militar al conflicto, ¿cómo se enfrentan las posibles condenas de la comunidad internacional?
AB: El Gobierno de Venezuela tendría que hacer referencia clara a casos similares que se han presentado y en los cuales, cualquier tipo de gobierno enfrenta una situación que se sale de control apelando a la fuerza legal y militar.
En otras palabras, tiene que tener un poder de fuego suficiente capaz de disuadir a gente que está dispuesta a lanzarle bombas molotov a un hospital infantil, a una escuela o a provocar o promover desmanes como los que hemos visto en los últimos dos meses.
Hay una crítica muy hipócrita que dice que hay otras formas de enfrentarlos, pero no nos dicen cuál. Pese a la gravedad de los desórdenes, la Policía Nacional Bolivariana no cuenta con autorización para utilizar armas de fuego. Difícilmente se puede disuadir a los violentos con gases lacrimógenos y cañones de agua.
Yo quisiera que me dijeran, comparativamente, viendo episodios como los que hoy hay en Venezuela, cómo fue que se restableció el orden social en otros países.
El Gobierno propone una solución electoral constituyente que, de ganar el adversario, podría poner fin a la Constitución bolivariana.
Las declaraciones del Arzobispo de Barquisimeto son realmente un escándalo, porque llama al pueblo a incurrir en el delito de sedición, y esto ha sido simplemente ocultado por la prensa hegemónica. Esta es la clase de oposición que quiere restaurar la democracia en Venezuela.
Cabe recordar que la sola tentativa de cambiar por la fuerza un gobierno, violando las normas constitucionales, en Estados Unidos merecería prisión perpetua y bajo ciertas condiciones la pena capital. Sin embargo, parecería que en Venezuela todo puede ser permitido, todo puede ser validado, aún los actos más atroces, y creo que eso es un gesto imperdonable.
Ernesto J. Navarro