En medio de una profunda crisis económica, 2,3 millones de puertorriqueños están llamados a las urnas este domingo para definir el futuro del país eligiendo entre tres opciones sobre su relación con EE.UU. Un futuro, no obstante, que dependerá en gran parte de la respuesta de Washington a los resultados del referendo.
La decisión de celebrar un nuevo plebiscito fue tomada por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien ocupa este cargo desde el pasado 2 de enero. Rosselló argumenta la medida por la necesidad de buscar estadidad para la isla y resolver la peor crisis económica en las últimas décadas. Actualmente, la tasa de pobreza en Puerto Rico se estima en el 45%, al tiempo que el Gobierno afirmó su incapacidad para cumplir con sus obligaciones de deuda.
¿Cuáles son las opciones?
Los puertorriqueños deberán decidir si quieren mantener el estatus de la isla como Estado Libre Asociado, unirse a EE.UU. como el estado número 51 u optar por la independencia y tomar el control total de su Gobierno por primera vez en su historia.
Si los habitantes de la isla caribeña deciden convertirse en nuevo estado del país norteamericano, el resultado del plebiscito no será determinante, dado que es únicamente el Congreso del EE.UU. el que puede aprobar la adhesión de un nuevo estado.
Posibles consecuencias
En los referendos anteriores en 1967, 1993 y 1998, Puerto Rico votó contra la estadidad, pero en el de 2012, al contrario, la mayoría de votantes optó por la misma. Sin embargo los legisladores estadounidenses no actuaron sobre esta decisión. Esta es la opción que se espera que también gane este domingo.
Si logran unirse a EE.UU. como nuevo estado de pleno derecho, los puertorriqueños tendrán derecho a votar en los comicios del país norteamericano y elegir legisladores del Congreso. Además, los habitantes de la isla podrán recibir ayudas federales de Washington. Al mismo tiempo, los ciudadanos que viven en Puerto Rico tendrán que empezar a pagar impuestos sobre la renta.
De ganar la opción de convertirse en un estado independiente, la isla sería responsable de su propia defensa militar, defensa civil y policía. Sobre Puerto Rico también recaería la financiación de todos los aspectos de su Gobierno y los residentes de la isla perderían la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, no es muy probable que los puertorriqueños voten mayoritariamente a favor de la independencia, ya que en 2012 solo el 6% de los electores optaron por cortar los lazos con Washington.