Contraloría investiga gestión administrativa de la Fiscal General venezolana

Una medida de control fiscal fue aplicada este lunes por la Contraloría General de la República al Ministerio Público para evaluar la gestión administrativa, presupuestaria y financiera.

La acción fue informada por el Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, quien precisó que el procedimiento abarca la revisión del ejercicio económico y financiero ejecutado entre enero de 2008 y junio de 2017, detalla VTV.

Además de las fiscalías a escala nacional y regional, la Contraloría revisará la conducción administrativa del Servicio Integral del Ministerio Público y la Escuela de Fiscales del Ministerio Público; así como de la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales (ANROS).

Ballesteros indicó que, en caso de detectarse alguna irregularidad, se abrirán los procesos que tengan lugar y "seguirán su curso hasta obtener sus resultados definitivos, siempre en el estricto apego a los principios constitucionales del respeto al debido proceso y la garantía del derecho a la defensa".

Fiscal ante la AN

Mientras ese proceso tenía lugar, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, acudía a la Asamblea Nacional (AN) para solicitar la "ratificación" del Vicefiscal Rafael González.

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"Estoy aquí en la Asamblea Nacional para solicitar que se ratifique al vicefiscal del Ministerio Público Rafael Arias, en el marco de las leyes y la Constitución. Nosotros somos los que designamos al vicefiscal de la República", dijo citada por Últimas Noticias.

Sin embargo, esa acción es írrita. A finales de junio, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la designación del vicefiscal por no estar ajustado a las normas establecidas en la Constitución, lo que calificó como "un error inexcusable".

"Ya hay una sentencia que declaró nula la designación. Es decir, no se puede convalidar lo que en el mundo del derecho no existe: no hay nada que ratificar", explicó a RT el abogado Luis Arzolay.

Uno de los requisitos que establece el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público es que la designación sea con autorización previa de la mayoría absoluta del Parlamento, cosa que no ocurrió en su momento. Ortega Díaz intenta ahora hacerlo a posteriori y ante una Asamblea Nacional declarada en desacato.

El desacato a los dictámenes del TSJ también invalida los actos del parlamento, por lo que, de acuerdo a la sentencia del máximo tribunal, lo que corresponde es que la Sala Constitucional designe "de manera temporal" al Vicefiscal.