Corea del Norte ejecuta públicamente a los condenados a muerte en lugares como mercados, a orillas de los ríos y en patios de las escuelas, por delitos como prostitución, robo o por mirar la televisión surcoreana. Esto se resume de unos 375 testimonios de desertores del Gobierno de Kim Jong-un recopilados por una organización no gubernamental surcoreana.
La ONG Transitional Justice Working Group (TSWG) documentó a lo largo de dos años los sitios donde —según los entrevistados— ocurrieron matanzas públicas y entierros en masa. Testigos relataron que las víctimas eran a veces matadas a golpes porque para el Gobierno "no vale la pena desperdiciar proyectiles en algunos crímenes".
En el reporte se detalla además que las ejecuciones a menudo eran extrajudiciales, y frecuentemente se veían influenciadas por "malos" antecedentes familiares o por campañas gubernamentales para desalentar ciertos comportamientos.
Con esta investigación, financiada indirectamente por el Congreso de EE.UU., TSWG pretende que se llegue a responsabilizar eventualmente a los que hayan cometido tales "crímenes contra la humanidad".
"Los mapas y los testimonios que los acompañan crean una imagen de la escala de los abusos que han tenido lugar durante décadas", indicó el grupo.
En 2014, un documento de 400 páginas de la Comisión de Investigación de Derechos Humanos de la ONU acusó al Gobierno de Corea del Norte de llevar a cabo "una amplia gama de crímenes contra la humanidad", incluyendo exterminio, asesinato, violación, abortos forzados y esclavitud en campos de prisioneros.