La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó este miércoles al Gobierno de Argentina que proteja "los derechos de Santiago Maldonado" y tome las "medidas necesarias" para encontrar a ese hombre desaparecido desde el 1 de agosto tras una intervención de la Gendarmería.
A pesar de que la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, trató de desligar a sus agentes de este hecho, tanto familiares de Maldonado como testigos presenciales señalan que la Gendarmería se llevó a esa persona en una camioneta y, desde entonces, no se lo ha vuelto a ver.
La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), "concluyó que los derechos a la vida e integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran en una situación de grave riesgo" y solicitó un informe "dentro del plazo de 10 días" a partir de la fecha de esa resolución para "la adopción de las medidas cautelares requeridas", además de una actualización "periódica" sobre los avances de la investigación.
Una "desaparición forzada"
Esta semana, los familiares de la persona que se encuentra en paradero desconocido y su abogada, Verónica Heredia, difundieron un comunicado en el que señalaron que Santiago Maldonado "es víctima de desaparición forzada", un delito "que solo lo comete el Estado".
Ante este reclamo, este jueves la fiscal Silvina Ávila cambió la calificación legal de la causa 8232/2017 desde "NN sobre averiguación de delito", que no asignaba la responsabilidad a nadie, a "desaparición forzada".
Derechos humanos en juego
En Argentina, la desaparición forzada es un tema muy sensible y, por ese motivo, el pasado 11 de agosto miles de personas se movilizaron para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Asimismo, este jueves una comitiva de organismos de derechos humanos encabezados por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo viajó a la ciudad de Esquel (Chubut), donde se reunirán con el juez Guido Otranto y la fiscal Ávila.
Margarita Cruz, sobreviviente e integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), aseguró que quieren ser querellantes en la causa porque, "como sobrevivientes del terrorismo de Estado, la desaparición forzada de Santiago atraviesa nuestra historia y a nosotros en cuerpo y alma", con lo cual "corresponde que estemos acá" y "aportemos nuestra experiencia".
Por su parte, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, apuntó que "el Gobierno no puede dilatarlo más y se lo tiene que devolver a su familia" y concluyó que es necesario "terminar con este tormento para ellos y para todo el pueblo argentino".