El Partido Socialista (PSOE) ha cambiado de opinión y ya no descarta activar el artículo 155 de la Constitución española, que permitiría suspender la autonomía de Cataluña; es decir, quitarle las competencias transferidas por el Estado central. Así lo ha declarado este lunes el portavoz de la Ejecutiva socialista, Óscar Puente, que a pesar de considerar que esta situación "no sería deseable", no ha descartado su aplicación.
"No sabemos las circunstancias que se van a producir y, por tanto, pronunciarnos de manera categórica sobre cualquier alternativa sería imprudente", ha afirmado Puente en una rueda de prensa en la sede de los socialistas. "Vamos a ver qué circunstancias se producen, y a la luz de esas circunstancias, tomaremos una decisión", ha añadido.
Las declaraciones del portavoz de la Ejecutiva contrastan con la posición que hasta ahora había mantenido el partido. El pasado mes de julio, la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, anunció el rechazo contundente de los socialistas a la aplicación en Cataluña del artículo 155. "Nunca sería una solución procedente y nunca la apoyaríamos", aseguró entonces Robles.
Medidas judiciales contra el referéndum
Mientras tanto, el Gobierno español sigue firme en su decisión de acabar con cualquier intento de la Generalitat de Cataluña de llevar a cabo el referéndum de autodeterminación del próximo 1 de julio. Y es que desde que el Parlamento de Cataluña, gracias a la mayoría de las fuerzas independentistas, aprobó la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, la maquinaria judicial emprendida por el Estado central ha sido imparable.
A los recursos de inconstitucionalidad contra la citadas normas, aceptados a trámite por el Tribunal Constitucional, se han sumado una serie de acciones en batería por parte de la Fiscalía General del Estado: apercibimientos a funcionarios, políticos y miembros de las mesas electorales, advirtiendo de la ilegalidad de participar en el 1 de octubre; órdenes para interrogar a los alcaldes que apoyan el referéndum; instrucciones a las fuerzas de seguridad para que requisen urnas, papeletas y propaganda; cierre de la web informativa e, incluso, prohibición de actos a favor de la consulta.